Tribuno Puntano

El proceso judicial contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, continuará su curso hacia el juicio oral. El Tribunal de Impugnaciones de San Luis resolvió por unanimidad rechazar el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la decisión de la jueza de Garantías que elevó la causa a juicio.

Los abogados de la funcionaria de Alberto Rodríguez Saá, Marcos Juárez y Ramiro Rubio habían solicitado que se declare la nulidad del proceso alegando que hubo una modificación en la calificación jurídica de los hechos: en lugar de malversación de caudales públicos, como se entendía inicialmente, se la acusa de peculado, una figura más grave.

Sin embargo, los jueces Yanina del Viso, Laura Molino y Jorge Sabaini Zapata concluyeron que "no ha existido alteración de los hechos imputados", y que el cambio en el encuadre penal no constituye una vulneración del derecho de defensa.

“La defensa no ha demostrado un perjuicio concreto, y en ningún caso la variación del encuadre jurídico –sin alteración de la plataforma fáctica– constituye una afectación sustancial al derecho de defensa”, sostiene el fallo.

Los magistrados también remarcaron que ya en la audiencia de formulación de cargos, la querella había enmarcado los hechos bajo la figura de peculado. En ese sentido, afirmaron que “la descripción de los hechos imputados ya contenía elementos que subsumían la conducta en la figura de peculado”, y que la imputación detallaba cómo Ramírez, en su rol de funcionaria pública, benefició al club San Luis Fútbol Club (del cual también era presidenta) mediante recursos del Estado.

La investigación penal refiere a 188 transferencias realizadas desde la secretaría de Deportes y el Ente Deportes hacia el club, así como la compra de un colectivo con un sobreprecio de más de $175 millones, días antes de dejar el cargo.

Para el Tribunal, los hechos fueron claramente comunicados desde el inicio y no se modificaron durante el proceso, por lo que no correspondía declarar la nulidad solicitada. Incluso señalaron que no puede alegarse nulidad si no hay una afectación real al ejercicio del derecho de defensa.

“No existe nulidad por la nulidad misma; esta sanción debe aplicarse únicamente cuando se ha vulnerado el derecho de defensa, lo cual no se presenta en este caso”, aseveraron los jueces.

Con esta decisión, el expediente queda habilitado para avanzar a juicio oral y público. Ramírez está acusada por los delitos de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionaria.

El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí pidió la pena de cinco años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.