De los 138 magistrados que ocupan los máximos tribunales, 88 registran algún nexo político y/o laboral previo con funcionarios y/o gobiernos locales antes de ocupar esos cargos.
Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron.
La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking nacional de nexos políticos: allí todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por personas que tenían vínculos cercanos al poder antes de ser nombradas.