La causa que expuso un esquema de narcotráfico, lavado de activos y corrupción penitenciaria llegó este martes a su jornada final. Tras el veredicto, el Tribunal avanzó con el tramo que completa el cierre del proceso: la discusión de la pena, el pedido fiscal de decomiso y la resolución sobre medidas cautelares, en un expediente que describió una organización con “vocación de lucro y lógica empresaria” y que, según la acusación, extendió su accionar incluso al interior del Servicio Penitenciario Provincial durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
La audiencia condensó, en varias horas, todo lo que estaba en juego: el resultado del juicio, el modo en que se mensura la pena y la definición sobre el patrimonio atribuido al circuito ilícito. A primera hora, los acusados tuvieron la última oportunidad de hablar ante las juezas. Efraín Cortez respondió: “No, no”. Hedel Daniel Becher dijo: “No, doctora”. Y Rafael Dante Churquina cerró: “No, mi señoría, ya dije lo que tenía que decir”.
Con esa negativa, el Tribunal Oral Federal de San Luis pasó a un cuarto intermedio y, cerca del mediodía, retomó para rechazar los planteos de las defensas y leer el veredicto. Luego, comenzó el debate de la pena, con alegatos del fiscal federal Cristian Rachid y réplicas de las defensas, que objetaron tanto la proporcionalidad del pedido fiscal como el alcance del decomiso. Ya por la tarde, tras una nueva deliberación, el Tribunal comunicó las penas y ordenó decomisos y medidas patrimoniales.
Gretel Diamante, María Carolina Pereira y María Paula Marisi, integrantes del Tribunal.
Pasadas las 17, tras una nueva deliberación, las juezas María Carolina Pereira, Gretel Diamante y María Paula Marisi dieron a conocer su decisión final: condenaron a Churquina, Becher y Cortez a penas de prisión efectiva, impusieron multas millonarias y dispusieron el decomiso de bienes, vehículos y dinero que consideraron vinculados a la actividad ilícita, además de mantener las medidas cautelares patrimoniales ya vigentes.
A las 11:20 Churquina fue condenado por ser autor del delito de organización y coautor del delito de financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas; coautor de cohecho activo; y autor de lavado de activos de origen delictivo.
Becher fue hallado responsable por ser coautor del delito de financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas; coautor de cohecho activo; autor de lavado de activos de origen delictivo; y fue absuelto por el abuso de armas.
Fiscal Federal Cristian Rachid.
Cortez fue condenado como partícipe secundario del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
Inmediatamente después del veredicto se abrió el tramo de mensuración. Como prueba nueva, la defensa de Churquina incorporó un informe psicológico del 22 de diciembre (ayer), que describió, entre otros puntos, un “marcado deseo de revinculación con sus hijas” y la solicitud de intervención del área de salud mental. También consignó “escasos recursos psíquicos para resolver situaciones de conflicto” y que ciertas estrategias de subsistencia lo colocaron “en situaciones de riesgo”, con episodios vinculados a “enojo y frustración” que derivaron en “desborde impulsivo”.
Rachid inició su alegato fijando el marco: la gravedad de los injustos, la afectación a la salud pública por el narcotráfico, al orden económico por el lavado y a la administración pública por el cohecho. “Estamos hablando de la salud pública en relación a las conductas de estupefacientes, el orden económico en relación al lavado y finalmente en la administración pública en lo que tiene que ver con aquellas conductas que incluyeron la actuación corrupta de funcionarios penitenciarios”, afirmó.
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