El martes, luego de una extensa jornada que incluyó el debate de la pena, el Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a Rafael Dante Churquina a 15 años de prisión y una multa de $50 millones; a Daniel Hedel Becher a 13 años de cárcel y una multa de $48 millones; y a Efraín David Cortez a cuatro años de prisión y multa. Además, dispuso amplios decomisos de bienes —vehículos, inmuebles, fondos de comercio, dinero y dispositivos electrónicos— y mantuvo las medidas cautelares patrimoniales. Para el fiscal Federal, Cristian Rachid, el fallo “marca un precedente muy importante” en la lucha contra la criminalidad organizada en la provincia.
Al hacer un balance del proceso, el fiscal subrayó la magnitud del trabajo realizado durante el debate oral. “Ha sido un juicio muy largo, de mucho trabajo, un caso paradigmático muy importante para el Ministerio Público”, señaló. Destacó el trabajo conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad y remarcó que el resultado es fruto de un abordaje interdisciplinario: “Se trabajó en equipo con la Procuración General de la Nación, particularmente con la Procunar, representada por Martín Uriona”.
Rachid insistió en que la causa condensó las principales preocupaciones actuales en materia de política criminal. “Es paradigmático porque concentra un grupo de personas organizadas, con finalidad de lucro, proyección transnacional, corrupción penitenciaria y hechos de violencia”, enumeró. Y agregó: “Estamos muy conformes con el resultado. Estos son los casos donde hay que poner el mayor esfuerzo”.
Rafael Churquina, Daniel Becher y Efraín Cortez. (Foto: Lautaro Sánchez)
Uno de los ejes centrales del alegato fiscal fue que no se trató de un episodio aislado la incautaciónde droga en Jujuy en agosto de 2023. “Cuando hablamos de criminalidad organizada, es muy difícil pretender que se pruebe solo con varias incautaciones de droga o con una trazabilidad perfecta del dinero y de la sustancia”, explicó.
En ese sentido, cuestionó una mirada reduccionista: “Las organizaciones criminales actúan al margen de la ley y nos llevan ventaja; no podemos exigir que se comporten como actores formales”.
Para el fiscal, el fallo también sirve para desarmar la idea de que San Luis está ajena a estos fenómenos. “Muchas veces se ve a provincias con nuestra demografía como lugares alejados de estas realidades, pero los mercados criminales se asientan donde hay rentabilidad. Ningún lugar del país está exento”, advirtió. Y subrayó la importancia de intervenir a tiempo: “Agarrarlos a tiempo es clave para impedir una escalada o que se instalen de una forma que desemboque en hechos de corrupción y violencia más dramáticos”.
Fiscal Federal, Cristian Rachid. (Foto: Lautaro Sánchez)
Consultado por el alcance de los decomisos ordenados por el Tribunal, Rachid aclaró que siempre se trabaja con lo que es posible detectar en una investigación penal. “Vamos detrás de los hechos”, dijo, pero remarcó que el Tribunal convalidó la hipótesis fiscal sobre una operatoria sostenida en el tiempo, especialmente en materia de lavado de activos.
“Estamos hablando de al menos 15 vehículos, dos inmuebles y fondos de comercio involucrados en la operatoria”, precisó. Recordó que ya hubo decomisos previos en el marco de juicios abreviados y que ahora se abarcó “el resto de los bienes comprendidos en la misma operatoria criminal”. También aclaró que el proceso de decomiso contempla la situación de terceros de buena fe, aunque el principio general quedó establecido: esos bienes formaron parte de un circuito de lavado.
En ese punto, el fiscal destacó que el lavado de activos no es un delito accesorio, sino una herramienta central para consolidar el poder de las organizaciones. “Las maniobras de lavado permiten que delincuentes violentos adquieran instalación y un perfil de prestigio social, y desde ahí se vuelven mucho más difíciles de abordar”, sostuvo.
Última audiencia del debate oral. (Foto: Lautaro Sánchez)
Otro aspecto que Rachid consideró clave fue el pedido para que Churquina sea evaluado dentro del sistema federal de internos de alto riesgo. “Tenemos una problemática instalada en el país: organizadores de bandas narcocriminales que operan incluso desde la cárcel”, sostuvo y planteó que ni siquiera el encierro ha sido un obstáculo para que continúen dirigiendo actividades ilícitas.
“El objetivo de estos protocolos es impedir que el contexto de encierro, que debería ser de resocialización, se transforme en un ámbito criminógeno”, señaló. Para el fiscal, someter a estos condenados a un régimen penitenciario común “no alcanza para frenar su despliegue criminal”.
El mensaje a la sociedad
Rachid cerró con una reflexión sobre el impacto social del fallo. “Cuando se habla de narcotráfico, se habla de bandas que buscan maximizar beneficios y que utilizan la corrupción y la violencia como herramientas de instalación”, advirtió. Y agregó: “Si se deja que estas bandas se consoliden, el poder económico que adquieren las vuelve casi inabordables”.
Desde esa perspectiva, valoró el abordaje integral del caso. “No se trata solo de incautar droga, sino de ir sobre el dinero, sobre la corrupción y sobre todo lo que eso genera”, afirmó.
Para el fiscal, la condena permitió frenar “una organización incipiente pero ya bastante instalada en San Luis, que a futuro podía generar mayores problemas de violencia, corrupción y propagación de la droga”.
Finalmente, dejó en claro que el proceso no se agota con el fallo. “La causa no termina acá”, afirmó, al señalar que continúan investigaciones para dar con los prófugos y analizar posibles responsabilidades penales y patrimoniales de otros involucrados en la trama de lavado de activos.
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