Tribuno Puntano

Por El Diario De San Luis

Una investigación de alta sensibilidad, enmarcada en un operativo internacional contra la explotación infantil, quedó seriamente comprometida en San Luis tras un fallo que declaró nulos los allanamientos que dieron origen al expediente. Como consecuencia de esa resolución, el hombre investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil recuperó la libertad y la causa ingresó en una zona de incertidumbre probatoria.

El caso se inició dentro del Operativo Internacional “Aliados por la Infancia – Red 24/7 / Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”, un esquema de cooperación orientado a detectar y desarticular circuitos de distribución de material ilegal. En ese marco se ordenaron medidas en domicilios de la ciudad de San Luis, que derivaron en el secuestro de elementos y en la detención del imputado.

Sin embargo, la defensa del acusado —identificado como Federico Farías— planteó la nulidad de los procedimientos al sostener que se habría vulnerado la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio y el debido proceso. Según esa postura, los ingresos a las viviendas se habrían realizado en horas de la madrugada sin una autorización judicial válida al momento de ejecutarse.

De acuerdo con una denuncia penal presentada por dos abogadas del foro local, la orden judicial habría sido requerida con posterioridad a los allanamientos, y las actas habrían consignado horarios distintos a los reales. Ese punto, siempre según el escrito acusatorio, fue determinante: al declararse inválidos los allanamientos, también quedaron bajo cuestionamiento las pruebas obtenidas y la legalidad de la detención.

La presentación apunta contra la fiscal de Instrucción en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores N°1, María Delia Bringas. Las denunciantes atribuyen presuntos delitos como allanamiento ilegal, falsedad ideológica y detención ilegal. En una ampliación posterior, incorporaron además la figura de violación de domicilio respecto de uno de los inmuebles inspeccionados.

Más allá de la eventual responsabilidad individual, la situación abrió un debate institucional puertas adentro: en causas donde la prueba depende en gran parte de medidas intrusivas —como registros domiciliarios y secuestros—, cualquier desviación formal puede convertirse en un boomerang procesal. En términos simples, un error en la base puede derrumbar todo el edificio.

Ahora la discusión transita dos carriles paralelos. Por un lado, el futuro del expediente principal, que quedó debilitado por la nulidad. Por el otro, el avance de la denuncia contra la fiscal, que deberá ser analizada por los organismos competentes para determinar si existieron irregularidades y, en ese caso, qué alcance tuvieron.

En un tema tan delicado como la explotación infantil, el fallo dejó una conclusión incómoda para el sistema: la eficacia no puede reemplazar a la legalidad. Y cuando la forma se rompe, el costo no es solo disciplinario: puede ser, directamente, la pérdida de una causa.