Tribuno Puntano

La noticia es conocida: la Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación trabar un embargo ejecutivo sobre los haberes del senador nacional por La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, por una deuda fiscal que asciende a 45 millones de pesos. La medida fue dictada por el juez de Ejecuciones Matias Mezzano  y se basa en el incumplimiento reiterado del pago del impuesto inmobiliario y otras impuestos provinciales. El oficio ingresó formalmente a la mesa de entradas del Senado y obliga a la Cámara a retener de una dieta que ronda los 11 millones mensuales el porcentaje necesario hasta cancelar el monto adeudado.

No se trata de un contribuyente insolvente: según su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Abdala informó varios inmuebles, vehículos y un patrimonio que ronda los 200 millones de pesos. Es decir, capacidad contributiva hay; lo que falta es voluntad de cumplir. Y eso cambia por completo el análisis jurídico y político del caso.

Según su propio currículum en la página oficial del Senado, Abdala no es un lego en materia tributaria: es Contador Público Nacional, jefe de un estudio contable independiente y se presenta como especialista en regímenes impositivos, auditoría y consultoría empresarial. Que un contribuyente común ignore el alcance de sus obligaciones puede ser un atenuante social; que un profesional de las ciencias económicas, dedicado durante décadas a asesorar sobre impuestos, acumule una deuda de 45 millones hasta forzar un embargo judicial, configura una violación especialmente grave de los deberes de buena fe y colaboración con el fisco.

La contradicción es aún más marcada si se escucha cómo se vende públicamente el propio Abdala: contador, referente de San Luis y “especialista” en cuestiones tributarias en sus apariciones mediáticas y publicidades radiales. Es decir, el senador capitaliza políticamente su saber técnico en derecho tributario, pero a la hora de cumplir con el contrato fiscal de su provincia actúa exactamente como el contribuyente renuente que cualquier Dirección de Rentas debe llevar a juicio de apremio. El mensaje implícito es nítido: incluso quien conoce mejor que nadie la ley puede elegir incumplirla cuando cree que su poder político lo protege.

La ley que Abdala votaría… pero no cumple

El andamiaje normativo que sostiene la medida es el clásico de cualquier provincia: Código Tributario, determinación de la deuda, intimación, título ejecutivo y juicio de apremio ante el Juzgado de Ejecuciones Fiscales. Nada exótico, nada “inventado” para un opositor incómodo. Son las mismas reglas que se usan contra el comerciante de barrio que no puede ponerse al día y que, muchas veces, termina embargado sin cámaras ni comunicados.

Desde el punto de vista técnico, la ejecución sobre el sueldo del senador es la aplicación ordinaria de principios elementales del derecho tributario: legalidad, generalidad, igualdad y capacidad contributiva. El impuesto inmobiliario que Abdala no paga surge de una ley formal, de alcance general; el hecho imponible no fue creado para él, sino que rige para cualquiera que posea inmuebles en la provincia. Cuando quien integra el Congreso —y se presenta como adalid de la “seguridad jurídica”— decide incumplir una obligación legal que pesa sobre todos los ciudadanos, la infracción deja de ser un descuido para convertirse en un gesto de desprecio práctico por la propia noción de ley.

El principio de capacidad contributiva también queda en evidencia: un senador con patrimonio cercano a los 200 millones que no paga impuestos provinciales durante años desplaza de hecho la carga tributaria hacia quienes sí cumplen. La recaudación se sostiene con el esfuerzo de los contribuyentes que pagan en término, mientras el presidente provisional del Senado decide diferenciarse de esa mayoría y ubicarse, cómodamente, del lado de los que sólo reaccionan cuando el juez golpea la puerta.

El embargo como acto jurisdiccional, no como maniobra palaciega

Frente a la resolución, Abdala respondió con un libreto ya conocido: denunció una “persecución política” del gobernador Claudio Poggi, habló de “operación burda” y atribuyó la medida a su rol como principal adversario del oficialismo puntano de cara a 2027. El problema es que, jurídicamente, esa coartada no se sostiene.

La orden de embargo no proviene del Poder Ejecutivo, sino de un juez de Ejecuciones Fiscales, en el marco de un expediente de apremio fiscal. El Senado no “elige” embargar a Abdala: recibe un oficio y, en cumplimiento de las normas procesales vigentes, queda obligado a retener parte de su dieta hasta saldar la deuda. Para convertir eso en persecución política habría que demostrar que el Poder Judicial fue manipulado, que se forzó selectivamente la aplicación del régimen o que se violaron garantías procesales. Abdala no hace nada de eso: apenas enuncia intenciones supuestas de Poggi y reduce un conflicto jurídico a un relato de victimización.

En términos constitucionales, lo que el caso muestra es lo contrario de lo que denuncia el senador: un sistema de división de poderes que, al menos en este episodio, logra hacer prevalecer la igualdad ante la ley por encima de la investidura del deudor. Un juez aplica el Código Tributario, y el Senado —máximo símbolo del poder político— se ve obligado a comportarse como cualquier agente de retención frente a un incumplidor. Que el afectado sea el propio presidente provisional de la Cámara no es señal de “hostigamiento”, sino la prueba de hasta qué punto se había naturalizado que ese tipo de deudas podía eternamente patearse hacia adelante.

El senador como contribuyente: la grieta entre discurso y conducta

El costado político es imposible de soslayar. Abdala es uno de los rostros visibles de un espacio que convirtió la crítica a la presión tributaria y al “Estado que te exprime” en bandera central. En el terreno de las ideas, discutir el tamaño del Estado, la estructura impositiva o la carga sobre el sector privado es legítimo y necesario. El problema aparece cuando, detrás de esa prédica, el dirigente se reserva para sí mismo la facultad de no pagar los impuestos que hoy están vigentes y que el resto de los ciudadanos sí paga.

En otras palabras: Abdala no está cuestionando jurídicamente el impuesto inmobiliario ni litigando su inconstitucionalidad. No pide la declaración de invalidez de la ley, ni impugna el procedimiento. Simplemente no cumple, acumula una deuda de 45 millones y sólo reacciona cuando la Justicia le embarga el sueldo. Ese desfasaje entre discurso “anticasta” y práctica fiscal personal es el corazón político del escándalo. El senador que denuncia “impuestazos” se comporta, frente al fisco provincial, como el contribuyente renuente que la administración tiene que perseguir por la vía más gravosa.

La contradicción se vuelve más aguda si se recuerda que estamos frente al tercer hombre en la línea de sucesión presidencial. No se trata de un legislador de a pie, sino del presidente provisional del Senado, cuya conducta debería ser paradigmática en materia de respeto a la ley. Sin embargo, el ejemplo que proyecta es otro: el poder político como refugio para postergar obligaciones que a cualquier ciudadano de a pie le costarían el embargo inmediato de una cuenta bancaria o de un vehículo.

Representación provincial, contrato fiscal roto y élite que se despega

Un senador nacional no representa a un partido: representa a una provincia. En el caso de Abdala, a San Luis. Esa representación debería empezar por lo elemental: cumplir con el contrato fiscal básico que permite que la provincia funcione. Los impuestos inmobiliarios que el senador no paga financian —junto con otros tributos— caminos, escuelas, hospitales, seguridad, servicios que afectan directamente a los mismos puntanos en cuyo nombre ocupa una banca.

Cuando el representante se transforma en moroso contumaz frente al propio fisco provincial, la representación se vacía de contenido. ¿Con qué autoridad política puede interpelar al Ejecutivo puntano por el destino de los recursos alguien que, pudiendo pagar, obliga a la provincia a iniciar un apremio y pedirle al Senado que le embargue el sueldo? ¿Qué legitimidad conserva el reclamo de “bajar impuestos” formulado por quien los evade en la práctica hasta que el juez golpea a la puerta de la Cámara alta?

La conducta de Abdala envía, además, un mensaje político muy claro: él no se percibe como parte de la misma comunidad de riesgo que el resto de los contribuyentes. El comerciante, el empleado, el profesional que paga a término; el senador-contador, en cambio, se reserva para sí el privilegio de incumplir y recién sentarse a hablar cuando la Justicia lo obliga. Es una forma de diferenciarse del ciudadano común, de marcar distancia con esa mayoría silenciosa que cumple con su provincia.

Igualdad ante la ley o privilegio de facto

El caso Abdala deja, en definitiva, una lección incómoda. Si la ejecución fiscal contra un comerciante es un procedimiento normal, pero la ejecución fiscal contra un senador debe explicarse como “persecución política”, lo que se está defendiendo no es el Estado de Derecho sino un privilegio de facto para quienes ocupan cargos.

La igualdad ante la ley no se prueba en los discursos ni en las redes sociales, sino en estos momentos: cuando un juez debe decidir si aplica a un dirigente poderoso las mismas reglas con las que, todos los días, se presiona a miles de contribuyentes anónimos. En San Luis, al menos esta vez, la respuesta fue la correcta: hubo título ejecutivo, hubo embargo y hubo obligación del Senado de retener.

La reacción del propio Abdala, sin embargo, muestra cuánto falta para que esa igualdad sea también un valor interiorizado por la dirigencia. El senador eligió ubicarse del lado del contribuyente renuente, victimizarse como perseguido y, sobre todo, marcar una distancia nítida con esos puntanos que, sin fueros ni títulos, sostienen al Estado pagando a tiempo.

En un país marcado por la desconfianza hacia la política, difícilmente haya gesto más corrosivo que ese: un representante que se empeña en no parecerse a los ciudadanos a los que representa, precisamente en el terreno donde más debería igualarse con ellos, que es el de cumplir la ley y pagar sus impuestos.