Tribuno Puntano

El pedido fue presentado por el fiscal Francisco Assat Alí ante el Juzgado de Garantía N° 4, a cargo de la jueza Luciana Banó. La causa, caratulada como Averiguación de Peculado  asociación Ilícita  se originó a partir de auditorías internas.

La solicitud busca que el exfuncionario sea citado a una audiencia prevista en el artículo 110 del Código Procesal Penal, instancia en la que la Fiscalía expondrá los hechos que le atribuye y formalizará la imputación.

La investigación comenzó luego de que la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, junto con la Fiscalía de Estado, analizaran el funcionamiento de Vialidad Provincial durante la gestión anterior. Uno de los principales hallazgos estuvo vinculado al consumo de combustible. Durante 2023 el organismo habría excedido en 74.631,77 litros el cupo de gasoil autorizado por el Decreto N° 10964/22, lo que representaría un perjuicio económico estimado en $73.138.380.

Los informes señalan que el desfase comenzó a evidenciarse en octubre de 2023, a pocos meses de finalizar la administración de Rodríguez Saá.

Las auditorías también revelaron que más del 60% del parque automotor de Vialidad Provincial se encontraba fuera de funcionamiento. Los vehículos presentaban graves deficiencias de mantenimiento, con unidades destruidas, sin cambios de aceite ni filtros y con neumáticos en mal estado.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que se habrían solicitado y aprobado cupos de combustible para vehículos que no estaban en condiciones de circular.

Otro de los aspectos investigados es la aparición de maquinaria perteneciente al organismo fuera del ámbito estatal.

Entre los bienes detectados figura un rodillo vial marca OMAG/BW211D4 encontrado en una propiedad privada de Nueva Galia. Además, durante enero de 2024 fueron recuperadas dos máquinas que permanecían abandonadas en un establecimiento rural denominado San Nicolás, ubicado en cercanías de La Vertiente, departamento San Martín.

La denuncia también incluye observaciones sobre adquisiciones realizadas durante el período investigado. Según la auditoría, se detectó la compra de inyectores destinados a un vehículo oficial que continuaba fuera de servicio precisamente por la falta de esas piezas. Los repuestos nunca fueron instalados y tampoco pudo determinarse dónde se encontraban.

Asimismo, se informó la adquisición de dos módems router 4G uno rural y otro urbano que no fueron hallados en las dependencias de Vialidad Provincial.

Los informes mencionan presuntos direccionamientos de contrataciones hacia empresas vinculadas y observaciones sobre servicios de transporte, aspectos que también forman parte de la investigación penal.