Tribuno Puntano

por Antonella Camargo

Una denuncia anónima, dos meses de vigilancias, tres personas interceptadas con cocaína después de pasar por una vivienda de la ciudad de San Luis y un allanamiento que terminó con el hallazgo de más de 1,8 kilos de droga debajo de un colchón forman parte de la investigación que llevará a Maycol Daniel Becerra a juicio oral.

La causa avanzó este lunes, cuando el juez con funciones de revisión Sebastián Guillermo Soneira declaró admisible la acusación presentada por la fiscal Mónica Spagnuolo y dispuso la apertura del debate ante un tribunal unipersonal. Becerra está acusado como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes. La Fiscalía pretende una pena de cuatro años de prisión efectiva, una multa de 45 unidades fijas, accesorias y costas.

Becerra permanecerá detenido mientras espera el juicio. Spagnuolo solicitó que se prorrogara la prisión preventiva hasta el debate y sostuvo que la medida era necesaria para garantizar su comparecencia y preservar la prueba. Su defensor, Rodolfo Mercau, se opuso: afirmó que no se había acreditado riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer una investigación que ya estaba concluida. Soneira mantuvo la detención al considerar, entre otros aspectos, la gravedad del hecho atribuido, la proximidad del juicio y la existencia de riesgos procesales.

Una denuncia anónima y una casa bajo vigilancia

La investigación comenzó el 7 de octubre de 2025, cuando la División Lucha Contra el Narcotráfico recibió una denuncia anónima. La persona que aportó la información señaló a Becerra, a quien identificó con el alias de “Gordo”, y a otro hombre como presuntos vendedores de drogas en la zona de la calle Chubut. A partir de ese dato, la Policía inició las averiguaciones para identificar a los sospechosos y establecer sus domicilios.

En el caso de Becerra, los investigadores determinaron que vivía en Chubut 1663. Según la acusación, durante las vigilancias observaron que una importante cantidad de personas concurría al lugar en diferentes horarios, permanecía durante períodos breves y realizaba intercambios de objetos o “pases de manos” con el acusado. Para la Fiscalía, esos movimientos eran compatibles con la venta de drogas. También incorporaron una certificación de Anses que indicó que Becerra no registraba ingresos laborales formales.

Las sospechas llevaron a interceptar a personas después de que pasaran por la vivienda. El 21 de octubre, la Policía detuvo a una de ellas y encontró un envoltorio con 0,12 gramos de cocaína. Al día siguiente hubo un segundo procedimiento y secuestraron otro envoltorio con 0,10 gramos de la misma sustancia.

El tercer procedimiento fue el 27 de octubre. Los investigadores observaron a un hombre llegar a Chubut 1663, golpear con los puños una ventana marrón y dirigirse hacia la puerta de ingreso. Becerra lo atendió y lo hizo entrar. El visitante salió unos minutos después y la Policía lo siguió hasta la calle Luján al 181. Allí lo interceptaron y, durante la requisa, encontraron un envoltorio con 0,22 gramos de cocaína.

Tres paquetes debajo del colchón

Las vigilancias se extendieron hasta diciembre. La Justicia autorizó el allanamiento de la vivienda y el procedimiento se realizó el 15 de diciembre de 2025.

En la cocina-comedor encontraron una bolsa de nylon negro con bordes irregulares que, según la investigación, era utilizada para realizar recortes. En una habitación secuestraron una balanza digital de precisión, un envoltorio con 0,65 gramos de cocaína y una bolsa verde que contenía 92 envoltorios blancos sellados con calor, con un peso total de 13,80 gramos de cocaína. También había otra bolsa de nylon negro utilizada para recortes.

Debajo del colchón apareció el mayor volumen de sustancia. Los policías encontraron una bolsa verde que contenía tres paquetes rectangulares recubiertos con cinta de embalar marrón, cuyos pesos eran de 475, 695 y 640 gramos. En conjunto sumaban 1,810 kilos de sustancia estupefaciente.

Dentro de un mueble de madera blanco con puertas negras, en la última estantería, había además un envoltorio con 61,36 gramos de cocaína. También encontraron dinero en efectivo y, durante la requisa a Becerra, le secuestraron un teléfono celular y $11.900.

La detención de Becerra, de entonces 27 años, se produjo en el marco de un operativo más amplio desplegado por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de diciembre. Según informó entonces la Policía, hubo tres allanamientos en domicilios ubicados en Chubut al 1600, Chubut al 1700 y Tacuarí, entre avenida Intendente Aguirre Celi y Chubut, y tres personas —Becerra, un joven de 21 y una mujer de la misma edad— quedaron detenidas e incomunicadas.

En el conjunto de esos tres procedimientos, la Policía informó el secuestro de seis paquetes de marihuana compactada, 294 envoltorios con cocaína, dos plantas de marihuana, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon y $209.500. Las sustancias fueron valuadas entonces en más de $36 millones. Esas cantidades corresponden al resultado global del operativo y no exclusivamente a lo encontrado en la vivienda de Becerra.

Las transferencias bajo la lupa

La investigación también avanzó sobre los movimientos de dinero de Becerra. Mercado Pago informó que tenía cuentas activas y entregó los registros de las operaciones. La División Lucha Contra el Narcotráfico elaboró dos análisis y consideró que presentaban un comportamiento financiero irregular y compatible con la hipótesis de comercialización de estupefacientes.

El primer informe, fechado el 7 de enero de 2026, determinó que durante aproximadamente cinco meses Becerra había realizado 494 transferencias por un total de $6.858.742. Otro análisis, del 9 de junio, estableció que en un período de dos meses había recibido 593 transferencias por aproximadamente $7.485.031. Además, durante alrededor de un mes realizó 128 transferencias por $1.153.948.

Los investigadores pusieron particularmente la mirada sobre movimientos de entre $3 mil y $65 mil. Según la acusación, esos montos resultaban compatibles con los valores habituales de venta de envoltorios con estupefacientes. El análisis también detectó transferencias en las mismas fechas en que la Policía había montado vigilancias frente a la vivienda y observado el movimiento de personas, entre ellas el 21, 22 y 27 de octubre y distintas jornadas de noviembre.

El planteo de la defensa

Durante la audiencia de control de la acusación, Mercau cuestionó la hipótesis de la Fiscalía. Sostuvo que el supuesto narcomenudeo no estaba debidamente acreditado y objetó que las transferencias recibidas por su defendido fueran consideradas producto de la comercialización de drogas. También planteó que la ausencia de un empleo formal no constituye, por sí sola, un indicio de la comisión de un delito.

Soneira entendió que esos argumentos no encuadraban entre las cuestiones preliminares que podían resolverse en esa instancia y que correspondían a aspectos que deberán discutirse en una etapa posterior. La defensa manifestó su conformidad y la audiencia continuó.

Finalmente, el juez habilitó la acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes, admitió la prueba y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial para sortear al juez que estará a cargo del debate oral. Becerra llegará a esa instancia bajo prisión preventiva.