Tribuno Puntano

Un procedimiento policial por un caso de abigeato ocurrido en la zona rural de Villa Mercedes terminó con el secuestro de unos 480 kilos de carne vacuna, cueros, restos de animales y elementos utilizados para faenar. Pese a las evidencias reunidas durante la investigación, los demorados recuperaron la libertad por disposición de la Fiscalía. La resolución generó malestar entre productores y entidades rurales de distintos puntos de San Luis, que este lunes solicitaron una reunión urgente con el procurador General, Sebastián Cadelago Filippi.

La investigación comenzó el 24 de septiembre, después de que se denunciara el faenamiento de cuatro animales Aberdeen Angus en un establecimiento rural ubicado a unos 20 kilómetros de Villa Mercedes. En el campo encontraron los restos de los vacunos —cabezas, patas y vísceras— y constataron que presentaban impactos de arma de fuego.

Ese mismo día, durante un recorrido preventivo por la ruta 2B, efectivos de la Guardia Rural y Policía Ambiental detectaron un furgón que transportaba carne vacuna. Según consta en el informe policial, sus dos ocupantes dieron versiones contradictorias sobre su procedencia. En la requisa del vehículo fueron secuestrados aproximadamente 480 kilos de carne despostada entre piernas, paletas y costillares.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, cuya titular es Gisela Milstein y fiscal adjunta Mariana Olguín.

A partir de las averiguaciones, los investigadores establecieron que el vehículo habría salido cargado desde una fábrica abandonada ubicada en cercanías de la cerealera Glucovil. La Policía solicitó entonces allanamientos en ese lugar y en otro domicilio para buscar carne, cueros, caravanas, cuchillos, sierras, aparejos, sogas, balanzas, armas de fuego y municiones.

La Policía mantuvo una consigna durante horas hasta que se autorizó uno de los procedimientos. El resultado fue positivo: secuestraron cueros de vacunos negros y colorados, patas, vísceras, pulmones, cuchillos, una sierra a batería, sogas, una piedra de afilar, una chaira y otros elementos utilizados para faenar. Además, uno de los cueros tenía la marca a fuego 65, coincidente con la denunciada por el establecimiento afectado.

El informe policial señala que, mientras se desarrollaba ese procedimiento, desde la Fiscalía se ordenó no realizar el segundo allanamiento, donde los investigadores pretendían buscar el arma presuntamente utilizada para matar a los animales, debido a una objeción sobre la medida solicitada.

Posteriormente, parte de los elementos recuperados fueron entregados al damnificado, quien reconoció como propios los cueros y la carne. En cuanto a las personas demoradas, la Fiscalía dispuso que recuperaran la libertad una vez cumplidas las 24 horas y que fueran notificadas de la imputación del hecho.

El reclamo de los productores

La resolución provocó la reacción de entidades rurales de la provincia. Este 28 de septiembre, las sociedades rurales de Río Quinto, Valle del Conlara, Norte de San Luis, Rosario y Unión, junto con la Asociación Agrícola de Justo Daract, enviaron una nota al procurador general Sebastián Cadelago Filippi para solicitarle una reunión “urgente”.

Las entidades plantearon su preocupación por los delitos que afectan a productores ganaderos y señalaron especialmente los recientes procedimientos en los que la Policía obtuvo “resultados positivos”, reunió pruebas y puso a los involucrados a disposición de la Justicia.

En otro pronunciamiento, las asociaciones profundizaron el planteo. Aclararon que no buscan sustituir el criterio de los fiscales ni desconocen que cualquier restricción de la libertad debe ajustarse a la Constitución y las leyes, pero reclamaron conocer qué respuesta obtiene un productor después de denunciar y qué ocurre con el despliegue policial realizado para esclarecer estos hechos.

“Los productores rurales necesitamos que denunciar sirva”, expresaron las entidades, que además reclamaron la creación de una fiscalía especializada en delitos rurales y agropecuarios. Según plantearon, la reiteración de episodios de abigeato, faena clandestina y sustracción de animales genera una pérdida de confianza y una “sensación de impunidad” entre quienes desarrollan su actividad en el campo.