Tribuno Puntano

Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva por 120 días. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, quien subrogó al juez de Garantía N.º 1, Juan Manuel Montiveros Chada, durante una audiencia multipropósito realizada este viernes.

El fiscal de Instrucción N.º 1, Francisco Assat Alí, solicitó ampliar la imputación por los delitos de abuso de arma de fuego e incumplimiento de una medida judicial, en concurso real. Además, requirió que la prisión preventiva se extendiera durante 120 días, hasta que finalice la investigación penal preparatoria y la causa sea elevada a juicio.

Según la teoría fiscal, Gómez fue detenido el 23 de marzo por un tiroteo ocurrido en el barrio San Luis XXVI. Permaneció bajo prisión preventiva hasta el 7 de agosto, cuando le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Cinco días después, el 12 de agosto, se fugó.

Finalmente, fue arrestado el 7 de octubre en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando circulaba en un vehículo con pedido de secuestro. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por violencia de género. Debido al pedido de captura vigente, fue trasladado a San Luis, adonde llegó este jueves.

El ataque por el que está imputado

Durante la audiencia, el fiscal expuso que el hecho investigado ocurrió el 2 de febrero de este año en el barrio San Luis XXVI, en la ciudad de San Luis.

De acuerdo con la acusación, Gómez circulaba en un Volkswagen Polo blanco junto a otro hombre de apellido Gómez cuando interceptaron a dos hermanos: un joven de 20 años con discapacidad y un adolescente de 14.

En esas circunstancias, “El Porteño” habría empuñado un arma de fuego y efectuado cinco disparos que hirieron en las piernas a ambos jóvenes. Después del ataque, los agresores escaparon.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central Ramón Carrillo, donde se constató que presentaban lesiones leves.

Entre las pruebas reunidas, Assat Alí mencionó la denuncia de la madre de los damnificados, el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, los informes policiales, las pericias balísticas, la declaración de la expareja de Gómez y los informes de las entrevistas realizadas a las víctimas en Cámara Gesell.

Los argumentos para mantenerlo detenido

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal sostuvo que Gómez representa un peligro de fuga, ya que logró eludir los controles judiciales y salir de la provincia. También consideró que dispone de los medios necesarios para permanecer oculto y que no demostró voluntad de seguir sometido al proceso.

Assat Alí señaló que, al momento de la fuga, el acusado estaba próximo a ser sometido a un juicio oral por otros delitos. El debate debió suspenderse debido a su ausencia y, en ese expediente, enfrenta un pedido de condena de 15 años de prisión.

El representante del Ministerio Público Fiscal también advirtió sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según expuso, familiares de Gómez habrían amedrentado a los allegados de las víctimas, quienes permanecen bajo custodia policial por temor a represalias.

Además, solicitó que los delitos investigados en esta causa sean juzgados junto con los que se le atribuyen en otros expedientes, con el objetivo de que Gómez enfrente un único juicio oral y se determine una pena única.

A su turno, el defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces N.º 2, Nahuel Lede Zajic, sostuvo que el hecho debería encuadrarse como homicidio en grado de tentativa. También indicó que las víctimas manifestaron temor durante las entrevistas en Cámara Gesell y pidió que se tuviera en cuenta la reiterancia delictiva del acusado.

Por su parte, los defensores Hugo Scarso y Gabriel Varela afirmaron que Gómez estuvo sujeto a derecho y cumplió con la obligación de firmar el libro de procesados entre los días 1 y 10 de cada mes, incluso hasta el momento de su detención.

Los abogados no se opusieron a la ampliación de la imputación, pero solicitaron que la prisión preventiva no superara los 45 días, plazo que consideraron suficiente para concluir la investigación y elevar la causa a juicio. Scarso también expresó su intención de que el expediente se unificara con los demás procesos.

Tras escuchar a las partes, Banó consideró que Gómez cuenta con medios para mantenerse oculto, que demostró desprecio por la ley y desinterés por permanecer sujeto al proceso. También tuvo en cuenta la situación de las víctimas.

Por esos motivos, hizo lugar a los requerimientos de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por 120 días por los delitos de abuso de arma de fuego e incumplimiento de una medida judicial, en concurso real.

Qué dijo Gómez sobre la fiscal Virginia Palacios

Durante la audiencia, Gómez se abstuvo de declarar sobre los hechos que se le imputan. Sin embargo, se tomó unos segundos para referirse a las versiones que, según expresó, circulaban en redes sociales sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de la fiscal Virginia Palacios, con quien la funcionaria reconoció haber mantenido un vínculo.

“Sí, lo único que tengo para decir es que, respecto a las redes sociales, lo que se habla de mí, de que fui contratado para atentar contra la vida de una señora fiscal quiero decir que desconozco. Jamás hablé, jamás. No tengo ni idea de lo que se me está acusando y de lo que se dice en las redes sociales. Desconozco totalmente todo eso. Es lo único que tengo para decir”, expresó.

La denuncia que involucra a Palacios

La fiscal de Juicio Virginia Palacios fue suspendida preventivamente de sus funciones por 60 días el 30 de septiembre, por decisión del procurador general, Sebastián Cadelago Filippi. La medida está relacionada con el vínculo que la funcionaria reconoció haber mantenido con Gómez, en el marco de una denuncia por amenazas.

La presentación se produjo durante un conflicto entre los hermanos Jorge “Neneto” Novillo y Ernesto “El Tomero” Novillo, originado por el robo de una importante suma de dinero. En su denuncia, Palacios sostuvo que había tomado conocimiento de una versión según la cual Ernesto Novillo habría pagado a Gómez para que la asesinara a ella y a Jorge Novillo.

La fiscal también admitió que conocía personalmente a “El Porteño” y que había concurrido en algunas ocasiones a su domicilio para realizar tareas de mantenimiento.

Asimismo, rechazó las acusaciones que le habría atribuido la pareja de Gómez, quien presuntamente la señaló por colaborar en la fuga y recibir US$ 180.000 a cambio de conseguir su liberación.