El pasado mes, el gobernador Claudio Poggi firmó un convenio con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que busca acelerar los procesos vinculados a accidentes laborales y enfermedades profesionales en la provincia de San Luis.
El acuerdo establece que los reclamos se canalicen primero a través de comisiones médicas, las cuales deberán resolver los casos en un plazo máximo de 60 días. Además, se habilita asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores y se abrirán nuevas sedes en Villa Mercedes y Concarán, sumándose a la ya existente en la capital provincial.
Desde el Gobierno, se sostiene que este sistema trae beneficios para los trabajadores (más rapidez, mejor cobertura), las empresas (reducción de costos en ART y menor litigiosidad) y el Estado provincial (mayor eficiencia y transparencia). Pero desde el fuero laboralista, las críticas no tardaron en aparecer.
Según la información oficial, los principales beneficios de esta adhesión son:
Desburocratizar el acceso a la reparación por accidentes laborales.
Establecer un proceso administrativo obligatorio que, según el convenio, evitaría años de litigio judicial.
Reducir los costos del sistema, tanto para el empleador como para el Estado.
Brindar asesoría legal gratuita al trabajador, a través de un cuerpo de abogados dispuestos por la SRT.
Sumado a todo ello, la firma del convenio busca enfáticamente descongestionar los juzgados laborales y posicionar a San Luis en línea con las provincias que ya operan bajo este régimen.
“El convenio permitirá que muchas situaciones que antes iban directo a juicio se resuelvan de forma más ágil y sin costos para el trabajador. Eso mejora el sistema para todos”, sostienen desde el Gobierno.
Uno de los beneficios más destacados del convenio firmado entre el Gobierno de San Luis y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es la reducción de la litigiosidad en materia de accidentes laborales. En la práctica, esto significa menos juicios, menos demoras y una mayor previsibilidad tanto para los trabajadores como para las empresas.
Con la implementación de las comisiones médicas como instancia administrativa previa, muchos conflictos que antes terminaban en demandas judiciales podrán resolverse en plazos breves y con menos costos, evitando procesos que en algunos casos demoraban años.
Desde el Gobierno provincial sostienen que esta medida no solo agiliza los tiempos, sino que descomprime los juzgados laborales, permite resolver más casos por año y contribuye a una mayor transparencia en el tratamiento de los siniestros laborales.
Lo que preocupa a los laboralistas:
Sin embargo, desde el ejercicio profesional del derecho laboral, los reparos son concretos y estructurales:
Patrocinio jurídico gratuito que precariza la defensa y genera perdida de oportunidades a los abogados laboralistas:
“El patrocinio gratuito suena bien, pero en la práctica limita la contratación de abogados especializados y desincentiva una defensa comprometida. Además, sostienen que esto afecta directamente la fuente laboral de decenas de profesionales, especialmente en ciudades del interior donde este tipo de causas son la base del ejercicio cotidiano.
Pérdida de la doble vía y acceso restringido a la justicia:
Antes del convenio, el trabajador podía iniciar directamente una demanda judicial. Ahora, está obligado a pasar por la comisión médica. “Eso retrasa todo, y muchas veces el trabajador termina aceptando lo que le ofrezca la comisión, aunque no sea justo, solo para cobrar algo”, indican los profesionales.
Además, denuncian que este proceso no es una verdadera instancia de negociación, sino un filtro que muchas veces funciona a favor de las ART.
Mientras dura el trámite administrativo, el trabajador no cobra nada, lo que implica que muchos acepten acuerdos por necesidad económica. A eso se suma el efecto inflacionario: cuanto más demora el trámite, más se licúa la indemnización real.
Dudas sobre la imparcialidad de las comisiones médicas:
A pesar de que se abrirán nuevas sedes, los abogados laboralistas no confían en la neutralidad del sistema. Denuncian que los dictámenes suelen ser restrictivos, con criterios médicos que minimizan las secuelas reales, y que los peritos suelen estar alineados con las ART.
Estas divergencias entre los principales actores de esta temática recién comienzan, pero desde el ejecutivo provincial se asegura que la desjudicialización de este tipo de conflictos ya ha mostrado buenos resultados en otras provincias adheridas, y se espera que en San Luis el impacto sea igualmente positivo, logrando que el reclamo por un accidente de trabajo deje de ser una batalla legal y pase a ser una solución rápida y efectiva.
