por Antonella Camargo
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos de San Luis cuenta actualmente con unas 500 personas incorporadas. Pero según Elio Vázquez, subdirector del área, esa cifra debería ser considerablemente mayor. La razón principal a su criterio es que muchos casos no llegan al registro por fallas dentro del propio Poder Judicial.
"Todo se hace mediante oficio judicial. Nosotros prácticamente somos auxiliares de la Justicia. Todos los trámites se inician a través de los juzgados de Familia. Cuando un progenitor incumple con tres cuotas seguidas, el juez ya puede enviarnos un oficio para incluirlo en el listado de deudores", explicó Vázquez en diálogo con El Chorrillero.
Sin embargo, el procedimiento muchas veces no se cumple. “Conozco casos en los que se pactaron cuotas homologadas por un juez, el progenitor no cumplió, pero nunca nos llegó la cédula para registrarlo”, afirmó. Esta situación genera un subregistro que deja fuera del sistema a muchos deudores alimentarios.
Vázquez relató ejemplos concretos que evidencian la falencia: "Hace poco fuimos al barrio Félix Bogado, y una señora nos mostró un acuerdo homologado. El progenitor no pagaba desde hacía tiempo, pero no figuraba en el registro. Las causas están quedando en los juzgados. Lo mismo pasó con una joven de Villa Mercedes".
A pesar de las limitaciones, el Registro tiene poder para aplicar restricciones importantes en otras jurisdicciones. “Hay progenitores a los que se les ha prohibido la entrada a estadios, jugar en ligas de fútbol amateur o incluso ser proveedores del Estado”, comentó. Además, destacó que desde marzo del año pasado, lograron que se respete uno de los requisitos para ser proveedor estatal, que es presentar el certificado que acredita no ser deudor alimentario.
La ley provincial N° IX-0094-2004 establece también otras exigencias: “Conseguimos que se exija el certificado para ser funcionario y estamos impulsando que se aplique para otorgar licencias de conducir”, añadió. La intención es integrar el control con la CIPE (Cédula de Identidad Provincial Electrónica), aprovechando que 60 de los 68 municipios ya están adheridos.
Otro fenómeno que preocupa al subdirector es el creciente número de embargos a jubilados por cuotas impagas de sus nietos. “Es un tema muy complejo. Imaginemos un jubilado que cobra la mínima, si le embargan el 15%, le quedan 220 mil. Eso lo liquida. En vez de resolver un problema, se crean dos”, lamentó Vázquez.
Por eso, buscará abrir un diálogo entre el ministerio de Gobierno y los juzgados de Familia para evitar que los adultos mayores sean alcanzados por medidas que no les corresponden directamente.
Aunque son menos frecuentes, también hay mujeres incluidas en el registro. “Sí, se da, pero son los menos”, reconoció.
Desde la subdirección, la meta es fortalecer el funcionamiento del registro, lograr que se cumplan todos los artículos de la ley y que cada caso llegue a donde debe. “Si todos los jueces enviaran las cédulas como corresponde, el número de inscriptos sería mucho más alto”, concluyó Vázquez.
