Villa Mercedes, San Luis – 10 de marzo de 2026. La causa judicial que sacudió a la provincia en 2025 suma un nuevo capítulo de impacto: la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Villa Mercedes, solicitó al Juez de Garantía que fije fecha de audiencia en los términos del Art. 110 del Código Procesal Penal de San Luis para Ricardo Juan André Bazla, DNI 13.675.252, actual Secretario de Ética Pública y Control de Gestión de la Provincia de San Luis.
El requerimiento fiscal, fechado el 9 de marzo de 2026, indica que Bazla es encontrado "prima facie sospechoso en calidad de coautor del delito de Defraudación en perjuicio de la Administración Pública", previsto y penado por los artículos 174 inciso 5° y 45 del Código Penal Argentino. La denuncia que originó la investigación ingresó a la fiscalía el 13 de octubre de 2025.
La paradoja institucional: el guardián de la ética, imputado
El dato que más llama la atención no es solo la gravedad de los cargos, sino el cargo que ocupa el imputado: Secretario de Ética Pública y Control de Gestión. Es decir, el funcionario que hoy enfrenta una imputación penal por presunta defraudación al Estado es, al mismo tiempo, el responsable institucional de velar por la transparencia y el comportamiento ético de la administración pública provincial. Continúa en funciones pese a estar siendo investigado penalmente por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El trasfondo: el maíz que nunca apareció
El caso remite directamente al escándalo del campo El Caburé, un predio de casi 2.000 hectáreas que el Estado provincial recuperó en 2024 tras años de incumplimientos contractuales de sus adjudicatarios. Pero cuando el gobierno tomó posesión efectiva del campo, la sorpresa fue mayúscula: una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares había desaparecido. Sin cartas de porte, sin registros contables, sin explicaciones oficiales.
Recordemos El Juez de Garantía N° 1 de la Segunda Circunscripción, Dr. Alfredo Cuello, admitió la formulación de cargos contra el abogado Darío Oviedo Helfenberger por defraudación en perjuicio de la Administración Pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El expediente lleva la carátula OFR 466190/5 y se tramita bajo los delitos de hurto calificado, abuso de autoridad y peculado, con Vaira Enrique como denunciante y Bazla como uno de los imputados mencionado junto a Darío Oviedo Helfenberger entre otros. La pluralidad de figuras penales refleja la gravedad que la fiscalía le asigna al hecho: no se trata de una irregularidad administrativa, sino de un presunto delito penal de alto impacto institucional.
La respuesta de Bazla: pide licencia y habla de “falsas acusaciones"
Horas después de conocerse el requerimiento fiscal, el propio Ricardo Bazla rompió el silencio a través de sus redes sociales. En un mensaje escueto pero revelador, el funcionario confirmó que solicitó al Gobernador Claudio Poggi una licencia sin goce de haberes por 90 días para, según sus propias palabras, "ejercer su derecho de defensa sobre falsas acusaciones de las que estoy siendo víctima".
