Por: María Ester Romero
Este jueves 7 de agosto comenzó en la Cámara 10a del Crimen el juicio oral y público por una megacausa de presuntas estafas a tres aseguradoras de riesgos de trabajo. Los hechos que se atribuyen a los acusados son 298 y datan desde el 2007 en adelante. Se inscriben en lo que se conoció hace años como la “industria del juicio” laboral.
La imputación por asociación ilícita abarca a médicos y abogados que habrían confeccionado certificados falsos para sustentar demandas por incapacidad laboral inexistente contra Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ARTs).
La acusación describe la maniobra a partir de la captación de clientes -trabajadores- mediante diversas estrategias, luego falsificación de firmas y presionones a las ARTs para lograr acuerdos conciliatorios, obteniendo indemnizaciones ilegítimas que luego se repartían.
El fiscal es Enrique Gavier.
Quienes están sindicados como líderes de la presunta asociación ilícita son: el abogado Luciano Adolfo Cafure (51) y el médico Ariel Gonzalo Ayub (56).
El resto de los acusados son los abogados Carlos Enrique Ardanaz (64), Sebastián Lanza Castelli (59), Alejandro López Dauria (55), Mónica Soledad Pérez Elorrieta (47) y Emiliano Pérez Elorrieta (48). Los médicos son: Daniel Conca Cattapan (42), Sergio Mario Locícero (61), Daniel Eduardo Nates (61), María Elvira Torres Mariano (70) y Oscar Alberto Visconti (77). Por último, también está acusado Diego Flores Ahumada (46).
Las aseguradoras que resultaron perjudicadas fueron Mapfre ART SA, Liberty ART SA, cubríaquen los riesgos del trabajo de los ingenios Azucarera del Sur y Konavle en la provincia de Tucumán; y Consolidar ART SA, que concentró un número importante de demandas en Estancias del Sur S.A. y Antonio R. Montich y Cía. SA
Los abogados defensores de los acusados.
¿Jueces laborales engañados?
Algunos acusados se defienden señalando que cada indemnización se pagó porque un juez homologó el acuerdo.
Hay que decir también que la investigación fiscal inició por la presentación de jueces de Conciliación de Córdoba y del Superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación.
El dato que saltó a la luz por aquellos años fue un crecimiento masivo de litigios por reclamos a las ART por enfermedades laborales.
El juicio se realiza en la Cámara 10a. del Crimen integrada por Juan José Rojas Moresi, Carlos Palacio Laje y Horacio Carranza.
En 2009, informaron al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que numerosas acciones judiciales en las que los actores y el perito médico de control (Ayub) fijaban el mismo domicilio real. También hallaron una carpeta que sugería la participación de Ayub más allá de su rol como perito de control.
La acusación sostiene que la estrategia delictiva de los imputados buscaba inducir a error a los jueces de Conciliación a través de certificados médicos falsos que supuestamente acreditaban enfermedades inexistentes o distintas a las reales, para que los jueces homologaran acuerdos basados en esta documentación apócrifa.
