Desde la actual gestión aseguraron que, por instrucciones del gobernador, se decidió impulsar y acelerar los procesos judiciales iniciados en su momento por Fiscalía de Estado, actualmente participan en distintas audiencias de formulación de cargos contra varios ex jefes comunales, mientras que en otras causas aún se espera la fijación de fechas por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias
Uno de los puntos centrales planteados por Fiscalía de Estado es el rechazo a los pedidos de suspensión de juicio a prueba conocido como probation, solicitados por las defensas de los imputados. “Entendemos que estos hechos deben ser ventilados en un juicio oral y público”, señaló Juan Ignacio Trusendi abogado de la Sala Penal de Fiscalía, quien remarcó que el Código Penal establece una prohibición expresa para otorgar ese beneficio a funcionarios públicos por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, sostuvo que los intendentes investigados revisten ese carácter al momento de los hechos, por lo que no corresponde concederles la probation, por lo cual las defensas buscan evitar el juicio oral y una eventual condena que podría incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una sanción que impactaría directamente en sus carreras políticas.
En relación con los montos investigados, algunas causas involucran cifras cercanas a los 60 millones de pesos, otras rondan los 40 millones, mientras que también existen expedientes por sumas menores, de entre 4 y 5 millones de pesos. Sin embargo, el total global de fondos no rendidos alcanza aproximadamente los 260 millones de pesos.
La causa más reciente es la de la ex intendente de Renca María Ester Fariña quien llegó a un acuerdo judicial en el que aceptó pagar 6 millones de pesos en cuotas como reparación al Estado, lo que le permitió evitar llegar a juicio y pedir sobreseimiento si cumple con el pago. Vale recordar que Fariña quedó imputada por estafa, peculado, usurpación de títulos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
