Hace 17 días la Justicia imputó a Sergio Freixes por asociación ilícita y administración fraudulenta, y este jueves el defensor, Pascual Celdrán hizo un planteo de nulidad durante una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones, en los Tribunales de Villa Mercedes.
Para el Ministerio Público Fiscal el ex ministro de Alberto Rodríguez Saá administró y dispuso libremente de los fondos del Municipio Pueblo Ranquel, y no justificó un desfalco que alcanzaría el millón de dólares.
Lo acusan de trasferencias a su cuenta bancaria, y que usó a su empresa familiar, El Relincho SRL, para desviar dinero. Junto a él les formularon cargos a Sofía Aguilera (secretaria de Freixes); Arturo García Montani (realizó tareas administrativas, impositivas, contables y de limpieza de estancia), y Diego Lucero (el actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL).
Celdrán, que también defiende a Aguilera y Montani, apeló la formulación de cargos que resolvió el pasado 11 de mayo la jueza Natalia Pereyra Cardini. Y ante los magistrados María Bocca, Hernán Herrera, y Marcelo Bustamante Marone cuestionó solo la asociación ilícita, es decir, no se opuso al delito de administración fraudulenta.
El abogado, que esta semana fue denunciado por estafar en 600 millones de pesos al dueño de una concesionaria de autos, criticó que el fiscal Maximiliano Bazla Cassina no hizo una explicación detallada cuando imputó los hechos. Concretamente refirió que “no pudo explicar” cuál fue la conducta desplegada y la participación de cada uno de sus asistidos.
También dijo que “no está acreditado el perjuicio económico presuntamente ocasionado al Estado Provincial”, aunque reconoció y que “sí hay un perjuicio será al Pueblo Ranquel”.
Valentín Rivadera, el letrado de Lucero, adhirió a las manifestaciones de Celdrán y defendió lo mismo. Sostuvo que “no está acreditada” la participación de su cliente “en la administración fraudulenta ni en la asociación ilícita”. Dijo que con los elementos de la formulación de cargos “no se pueden reprochar esos delitos” y que tampoco hay “un mínimo de sospecha necesario para esta instancia”.
Bazla volvió a relatar los hechos que se investigan hace dos años a partir de una denuncia que hizo Fiscalía de Estado, y que sucedieron entre abril de 2020 y diciembre de 2023 (hasta tres días antes que asuma la nueva gestión). También describió las conductas de los imputados, y dijo que las acciones fueron “con la intención de obtener un beneficio económico” donde hubo colaboración de todas las personas imputadas.
Agregó que durante los tres años actuaron las mismas personas “con roles específicos y con intención de cometer ilícitos”. Mencionó que muchos pagos se hicieron sin el respaldo de la documentación correspondiente.
La fiscal Nayla Cabrera Muñoz se refirió al análisis contable (que fue el resultado de dos pericias) e insistió en la existencia de transacciones de dinero “sin justificación” y en donde cada uno de los acusados intervino.
El abogado Flavio Ávila, que actúa como representante de la Fiscalía de Estado ratificó el planteo de los fiscales y solicitó que se confirme la resolución de Pereyra Cardini. Tuvo en cuenta que las evidencias “son suficientes para sostener” la formulación de cargos “que es un acto de anoticiamiento”. Agregó que la defensa no acreditó ni aportó elementos que den cuenta de la inexistencia de los hechos ni que invaliden la acusación.
Después de escuchar a todas las partes, el Tribunal comunicó que emitirá una resolución por escrito en el término de 10 días, el plazo que establece la ley.
