Por Matias Nieto - La Gaceta Digital
A casi tres meses de que La Gaceta Digital diera a conocer el caso de una posible asociación ilícita que se habría apropiado de cientos de terrenos y propiedades en todo el territorio provincial, los abogados que destaparon esta olla, Maximiliano y Sebastián Pipitone, dieron a conocer que el fiscal de la causa, Francisco Assat, está listo para, en los próximos días, imputar penalmente a 12 personas.
Entre estas personas se encuentran los abogados Juan Cruz Domínguez y Pablo Herrera, Hugo Alberto Guzmán, Javier Alberto Ochoa, Juan Alberto Sosa, Mario Cristian Vega, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Tercero, entre otros. Los delitos por los cuales serán imputados son los siguientes: asociación ilícita, falsificación de documento público, uso de documento falso, falsedad ideológica, falsificación de sellos oficiales destinados al cobro de impuestos, estafa procesal, falso testimonio, encubrimiento, desobediencia a una orden judicial, retención indebida y puesta en circulación de bienes o activos provenientes de un ilícito penal. Para conocer en detalle cómo operaba esta posible asociación.
“La Fiscalía ha entendido que ya tiene razones suficientes para imputar en una primera instancia a 12 personas, que han sido parte de maniobras asociativas y coordinadas durante un lapso de tiempo de 12 años”, comentó Maximiliano Pipitone, en declaraciones a La Gaceta Digital. “Esta posible asociación ilícita, formada por estos 12 primeros integrantes, tenían como una actividad de simulación judicial de roles, donde siempre obtenían una escritura y (ganaban) ese juicio de posesión. Había personas que contrataban los servicios de estos grandes simuladores. Entonces, esta persona que contrataba los servicios de esta gente, también participa en la maniobra, porque los necesitó para tener la sentencia y se prestó para firmar un documento falso”, comentó Maximiliano.
“En la actualidad, se ha pedido (la formulación de cargos) solo por 12 personas, lo que no implica que solamente la investigación se centre en 12 personas. Si vos me preguntás a mí, en la denuncia surgen mucho más de 40 personas mencionadas, entre documentación, referencias y testimonios que se pueden llegar a involucrar en estas maniobras”, agregó el abogado, quien aclaró que, por lo pronto, no sería imputada ninguna de las personas que habría “contratado” a esta posible asociación. También destacó que hay otras personas “que han estado involucradas en las maniobras judiciales”, pero que solo lo hicieron “por uno o dos expedientes”.
En este contexto, Sebastián recordó que, justamente por esto último, solicitaron hace un mes la recusación de todos los miembros del STJ. “Una razón o una de las razones por las cuales se interpuso la recusación ha sido que no se puede asegurar la imparcialidad de los juzgadores, del Superior Tribunal y de allí para abajo. Entonces, en razón de eso, no solo han sido recusados, sino que existe la posibilidad de que sea solicitada una intervención del Poder Judicial. Nosotros creemos que la gravedad institucional es tal que estamos habilitados para hacerlo y los legisladores están habilitados para solicitarlo”, remarcó el letrado.
Cabe señalar que, si todo el STJ es recusado, se debe conformar un STJ subrogante para tratar esta causa, con integrantes prevenientes de las cámaras de segunda instancia de la provincia. Acá, uno de los problemas que se podría suscitar es que la pareja de Domínguez, y hermana de la exministra Chada, es María Nazarena Chada, juez de la Sala Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial.
Pedido de intervención del Poder Judicial
“Entiendo que amerita una intervención de todo el Poder Judicial, porque todas las instancias se ven al menos comprometidas en lo que ha pasado. No hablemos de culpabilidad, hablemos objetivamente de responsabilidad o de los hechos que sucedieron. Es grave que un oficial notificador encontrara domicilios donde no existen. Es grave los domicilios que se utilizaron para notificar tantas demandas. Es grave que los testigos siempre fueran los mismos, es grave que las sentencias siempre fueron sobre la otra parte en rebeldía. Digamos, es grave explicarlo institucionalmente cuando la persona principalmente denunciada tiene por pareja a una juez camarista (Nazarena Chada) y por cuñada a una renunciante que miembro del Superior Tribunal de Justica (Cecilia Chada), el órgano máximo de justicia, que además se le utilizó uno de los domicilios para perpetrar los hechos”, remarcó Maximiliano.
Por su parte, Sebastián les recordó públicamente a todos los jueces “que llevan adelante causas de alguna de estas personas, donde se han presentado contratos de estas personas” que “tienen la obligación”, en caso de “advertir alguna irregularidad en la documentación o en las declaraciones testimoniales” de notificar al fiscal de la causa “para que continúe la línea investigativa que se viene realizando sobre esta asociación”.
“Si tenemos en cuenta esa cantidad de expedientes en donde estas personas habrían participado como actor, como testigo o como demandado, y que esos expedientes han tramitado en juzgados de primera instancia, pero que luego esas causas, muchas de ellas han llegado a la Cámara (de Apelaciones). Entonces esas Cámaras ya han participado de muchos de estos expedientes. Entonces estamos hablando de un inconveniente grave para poder garantizar la imparcialidad en la resolución de este caso”, añadió Sebastián, reafirmando su idea de que el Poder Judicial debería ser intervenido.
“La intervención del Poder Judicial tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Lo puede pedir el Presidente de la Nación o lo pueden pedir los legisladores nacionales, pero para que un legislador nacional lo pida, tiene que conocer el expediente que hoy la Justicia lo tiene reservado. Entonces nos queda solamente a nosotros pedir intervención. ¿Por qué? Porque creemos que no pueden garantizar el Poder Judicial la imparcialidad en esta causa tan compleja, donde hay tantas personas”, continuó Maximiliano.
En base a esto, Sebastián consideró que es clave que la Justicia haga público el expediente de la causa, “porque en definitiva la sociedad va a poder verificar la prueba, las acusaciones y las resoluciones, porque hay tanta gente implicada, hay tantas responsabilidades institucionales que el hecho de que haya muchos ojos posados en la causa va a dificultar de alguna manera que se tomen decisiones arbitrarias o en defensa y protección de los miembros de esta asociación”.
