por Daniel Poder
Uno: Un volumen excepcional.
Cintia Ramírez administró en los dos últimos años de su gestión como secretaria de Deportes de la provincia de San Luis 32 millones de dólares. O sea, lo que equivale a fondos suficientes para construir 800 viviendas sociales.
Dos. El calendario del dinero y el calendario electoral.
Veinte de esos 32 millones de dólares los movió el último año de su gestión, cuando Alberto Rodríguez Saá jugaba la continuidad de su gobierno en las elecciones del 11 de junio y volaban los billetes por el aire: catorce millones de dólares salieron previo a esa elección, y seis, luego de la derrota electoral y antes de dejar el gobierno.
Tres. El diseño institucional.
Esos fondos fueron aportes no reintegrables que recibió para uso discrecional el Ente de Deportes que Ramírez presidía. Esa oficina estatal funcionaba como una catapulta para enviar dinero al San Luis Futbol Club, una entidad que el gobierno creó en 2022 y que dejó en manos de la propia Ramírez.
Cuatro. El mecanismo operativo.
Según la investigación preliminar que originó el juicio que este lunes la tendrá en el banquillo de los acusados, entre 2022 y 2023 Ramírez habilitó un pasamanos de 188 transferencias que triangulaban con origen desde la Secretaría de Deportes, pasando por el Ente de Deportes y terminando en manos del Club, es decir desde, por y hacia tres organismos que presidía ella.
Cinco. El colectivo: un símbolo del expediente.
Entre esos movimientos de fondos aparece una transferencia por unos 290 millones de pesos destinada a la compra de un colectivo para el Club.
Sin embargo el vehículo –con más de un millón de kilómetros, y fundido según la revisión mecánica- fue tasado en 114 millones de pesos, lo que supone el pago de un sobreprecio de 175 millones de pesos.
Seis. La acusación formal.
Cintia Ramírez está formalmente acusada de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración e incumplimiento de deberes de funcionario público. El Fiscal de Instrucción N°1 Francisco Assat Alí pidió una pena de 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Este lunes será juzgada por un tribunal integrado por Fernando de Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso.
Siete. Una figura inevitable.
El exgobernador Alberto Rodríguez Saá fue propuesto como testigo por parte de la defensa de Ramírez. “Esperamos que declare. Lo hemos propuesto y fue aceptado como testigo. Entendemos que es un testigo clave porque, dentro de sus facultades, fue quien dio la orden de la compra del colectivo” aseguró en una radio local Marcos Juárez, el abogado que patrocina a Ramírez.
Una versión sobre esa posibilidad anticipa que la declaración de Rodríguez Saá se hará a través de un video, que fue grabado días pasados.
El letrado que lleva adelante la defensa de la ex Secretaria de Deportes es el referente de un estudio jurídico con vínculos familiares con el exgobernador.
Otros dos ex funcionarios están mencionados en la causa: el exsecretario general de la Gobernación, Miguel Angel Berardo y el exministro de Hacienda, Eloy Horcajo.
