En el marco de una causa por contrabando y compactación de cigarrillos, se realizaron allanamientos en la ciudad de San Luis, en un operativo que se extendió a distintas provincias del país y que permitió desarticular una organización criminal internacional.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina y, hasta el mediodía, se concretaron en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Mitre y Caseros; en un galpón del Parque Industrial Norte y en una distribuidora de la avenida Juan Gilberto Funes.
La Justicia Federal mantiene reserva sobre los detalles específicos vinculados a la investigación en la provincia.
Todo forma parte de un megaoperativo que incluyó 24 procedimientos simultáneos en distintos puntos del país y que permitió avanzar en el desmantelamiento de una red dedicada a la fabricación y comercialización de cigarrillos falsificados.
La investigación, que se extendió por más de un año y medio, se inició en el Juzgado Federal de Gualeguaychú y logró detectar una estructura con ramificaciones en Paraguay, Chile y Brasil.
A partir de la identificación de puntos de venta ilegales, se desplegaron tareas de inteligencia y seguimiento que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización.
Además de San Luis, se realizaron allanamientos en domicilios de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Entre Ríos, donde se concentraron acciones en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paranacito por orden del juez federal Hernán Viri.
La causa no solo investiga la falsificación de marcas, sino también delitos de contrabando, asociación ilícita y evasión tributaria. Incluso, no se descarta la posible existencia de casos de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la estructura.
Según datos oficiales, el operativo permitió desarticular una fábrica clandestina con capacidad para producir hasta 80 mil paquetes diarios y evitó la comercialización anual de más de 26 millones de atados de cigarrillos. De haberse concretado, esta actividad ilegal habría generado ingresos cercanos a los $46.400 millones.
Fueron secuestrados a lo largo del país miles de paquetes de cigarrillos, documentación relevante para la causa, vehículos de alta gama y unidades 0 kilómetro vinculadas a la organización. También se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
Ahora, la Justicia avanza en el análisis de la trazabilidad de los fondos para determinar posibles maniobras de lavado de activos y profundizar la investigación sobre la red criminal.
