Esto será corto. Como la memoria del pueblo argentino y como la de los que están a cargo del «debido proceso», de la «justicia» y, de cierta manera, tienen en sus manos a la sociedad respecto a la aplicación de las leyes. En las dos primeras audiencias por el doble crimen de Vanesa Zanni y su hija Tatiana Lucero Zanni, uno sin precedentes en Villa Mercedes por el grado de saña y brutalidad con las que fueron ejecutadas, no cabía una alfiler en la oficina que dispusieron como sala de audiencias en el Juzgado de Garantías 3. Faltaba el aire y el espacio.
Casi medio Poder Judicial de la Segunda Circunscripción estaba allí. La jueza Natalia Cardini Pereira, su secretario, las fiscales, los abogados querellantes, las defensas de Axel Emiliano Criscito y su novia, la prensa judicial, a cargo de Gabriela Campana, que tanto se enarbola con la bandera de que hacen su trabajo de la manera más profesional posible y ella, en particular, «hace un uso responsable de los datos personales de otros periodistas»; como cuando difundió el número privado de esta «colega» (una información tan sensible en esta época de corrientes hackeos y estafas virtuales) para dárselo a una defensora de juicio. La «doctora» lo utilizó para llamar a los gritos, casi a lo mafioso, pero sin style por supuesto, y darle órdenes a esta cronista sobre cómo debe hacer su labor en tiempos de democracia. Amén por eso.
Siguiendo con la muchedumbre que colmaba la oficina de mencionado juzgado. Estuvo hasta un batallón, nada más y nada menos, que de representantes de la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces. En ambas audiencias, en la primera en la que imputaron a Criscito y a su pareja y, en la segunda, en la que resolvieron sus prisiones preventivas por los siguientes cuatro meses, hablaron una y otra vez de la discapacidad o el grado de incapacidad de la acusada. Una de ellas, Yesica Agüero, se explayó casi infinitamente en su exposición, sobre todo la segunda vez; a tal punto que daba vueltas sobre el mismo argumento y lograba un cierto cansancio mental en los que estábamos en esa sala, donde el tiempo trascurría a medio kilómetro por hora.
La misma letrada que una vez remarcó que esta comunicadora escribe sobre casos delicados que involucran menores de edad y personas con discapacidad de manera irresponsable, narrando hechos delictivos tan perturbadores e indelebles para las víctimas, como los abusos sexuales, como si fueran «ficción» o cuentitos. Ella tampoco se acordó de que una de las imputadas tiene un Certificado Único de Discapacidad y, por lo tanto, debía resguardar su nombre e imagen. De hecho repitió la identidad de la mujer con «un leve retraso madurativo» varias veces, a sabiendas de que a un par de metros había medios de comunicación haciendo videos y transmitiendo en vivo vía streaming. ¡Ups!
Tres audiencias tuvieron que pasar para que, finalmente, un Tribunal de Impugnación ordenara que, de ahora en adelante, el nombre completo de la imputada de 21 años y las fotos de su rostro no deben ser difundidos. Un poco tarde arribó la decisión de los jueces Hernán Herrera, Yanina del Viso y Ariel Gustavo Parrillis. Esto quiero decir que las próximas audiencias sobre esta causa de tanto interés para la sociedad, pues están acusados dos presuntos verdugos de una mujer de 45 años y su hija de 13, que mataron como si nada de 70 y 66 puñaladas a dos personas que les dieron una mano. Ellos fueron, la madrugada del jueves 11 de diciembre, la representación de la muerte para Vanesa y Tatiana y podrían serlo para cualquier otro ciudadano.
En la misma audiencia, el Tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria que habían solicitado las defensoras oficiales Cecilia Mithiaux y Noelia Páez para la mujer que ahora es innombrable. Los magistrados también apuraron a la fiscalía para que acelere la producción de pruebas en cuanto «a cuestiones inherentes a la investigación, como la confirmación de si la acusada es imputable». Mithiaux había fundamentado tal requerimiento en vista de que el Servicio Penitenciario no cuenta con un pabellón específico para personas con ese «tipo de psicopatías, de incapacidad de sus facultades mentales».
Detalló que su asistida tiene problemas para comunicarse con el habla. Especificó que en junio pasado una junta médica la evaluó y consignó en el tercer punto de un informe que la joven tiene una incapacidad del 85%. Todo ello quiere decir, señaló la letrada, que D.M.P. tiene «una grave imposibilidad de redireccionar sus actos y hasta cuestiones de la vida cotidiana. Si bien se habla de una incapacidad moderada o leve, este 85 por ciento nos está hablando de una circunstancia incluso mayor», explicó.
Nadie ha negado su discapacidad, la pregunta es si tal grado le impidió entender la criminalidad de sus actos, si es capaz de distinguir entre el bien y el mal, de saber de que cuando hundía esas andanadas de puñaladas a Vanesa y Tatiana sabía lo que hacía. Incluso cuando sus cuerpos ya no se movían, estaban inertes porque se habían convertido en cadáveres, no detuvieron el aluvión de estocadas.
Respecto a la no difusión de su identidad e imágenes, dicen que «mejor tarde que nunca». Pero, en este punto, ya no tiene sentido tal medida. Ni ton ni son.
