La Justicia ya dictó dos condenas por corrupción contra funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
La última fue este viernes contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, quien recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo la encontró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público por el manejo de fondos estatales y contrataciones direccionadas por 188 transacciones al San Luis Fútbol Club. El perjuicio al Estado superó los $166 millones.
Antes, en noviembre de 2025, el ex ministro de Seguridad Claudio Latini había sido condenado por peculado a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua. La Justicia determinó que sustrajo bienes del Estado, entre ellos mobiliario, electrodomésticos y equipamiento de Casa de Gobierno.
En este escenario, aparecen otras investigaciones contra ex funcionarios por distintos delitos de corrupción que van desde obras inconclusas, manejos desmedidos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, vaciamiento de organismos y hasta tener doble cargo.
Incluso, en la causa por la compra con sobreprecio de $175 millones del colectivo para San Luis Fútbol Club, en la que Ramírez que absuelta por el beneficio de la duda, desde Fiscalía de Estado anunciaron que el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y el ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo serán denunciados.
Las causas que siguen bajo la lupa
Canchas en La Punta que nunca se hicieron
Se trata de una de las causas que vuelve a involucrar a Ramírez. La ex funcionaria fue imputada junto al ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en tres hechos en concurso real.
La investigación apunta a la firma de tres contratos entre el 4 y el 6 de diciembre de 2023, a pocos días del cambio de gestión, que implicaron el desembolso de $87.500.000 destinados a obras en dos canchas de fútbol en La Punta.
Los trabajos incluían movimiento de suelo, cierre olímpico y nivelación, pero nunca se ejecutaron. Además, se detectaron irregularidades como el pago de un anticipo financiero que violaba la normativa vigente y la participación de la empresa MyD Construcciones, que según la causa solo se dedicó a facturarle al Ente Deportes sin realizar las tareas comprometidas.
Compra de un colectivo con sobreprecio: la autoincriminación
Podría escalar directamente hacia Rodríguez Saá. Se investiga la compra de un colectivo por $290 millones, en una operación donde la Fiscalía de Estado sostiene que hubo un sobreprecio de $175 millones.
El fiscal de Estado Adjutor, Rafael Berruezo, aseguró que la declaración del ex mandatario durante el juicio contra Ramírez de esta semana funcionó como una “autoincriminación” que refuerza la existencia de una maniobra irregular.
La investigación también alcanza a Berardo y se centra en cómo se llevó adelante la operación y la diferencia entre el valor real del vehículo y el monto pagado.
Carga de combustible por cifras millonarias
Otra de las causas con imputaciones firmes involucra al ex ministro de Producción Marcelo Amitrano, al ex secretario de Transporte Sebastián Anzulovich y al ex comisario Marcelo Balbo.
Según la investigación, entre enero de 2022 y noviembre de 2023 se desarrolló una maniobra sistemática de uso irregular de combustible dentro del ámbito del ministerio de Producción.
Se detectaron al menos 356 cargas, muchas de ellas realizadas de manera diaria durante períodos consecutivos, con un promedio de entre 40 y 60 litros por día. La sospecha es que el combustible no era utilizado en vehículos oficiales, sino desviado para uso en rodados particulares, generando un perjuicio económico concreto al Estado.
Los imputados fueron procesados en febrero de este año por peculado y fraude a la administración pública, con inhibición de bienes, prohibición de salida del país y la obligación de firmar periódicamente.
Enriquecimiento ilícito
El ex ministro y esposo de la senadora Eugenia Catalfamo, Nicolás Anzulovich enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito que se originó tras la viralización de una imagen en la que se lo veía exhibiendo vehículos de alta gama.
La investigación tomó impulso luego de que se conociera la existencia de una flota de camionetas y SUV, además de una propiedad en el exclusivo barrio privado “Refugio en el Lago”, en La Florida.
La investigación no tuvo avances significativos hasta el momento y se encuentra a la espera de pericias clave que determinen si el patrimonio declarado se corresponde con los ingresos del ex funcionario.
Obras en comisarías que nunca se concretaron
En septiembre de 2025 fueron imputados los ex ministros Luciano Anastasi, Ernesto “Pipi” Alí y Claudio Latini, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.
La causa se originó a partir de una denuncia por convenios firmados durante la gestión anterior que consistían en el envío de fondos para obras en comisarías de localidades como La Toma, San Francisco y Cortaderas.
Según la investigación, las obras nunca se realizaron pese a que los recursos fueron transferidos, lo que derivó en imputaciones por fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Negociaciones incompatibles
Anastasi también fue denunciado por direccionar licitaciones hacia la empresa CAP Soluciones SAS, que estaría vinculada a su entorno familiar.
La firma facturó más de $170 millones y fue creada después de que Anastasi asumiera como ministro. La causa fue archivada, pero desde Fiscalía de Estado adelantaron que solicitarán su reapertura.
Contrataciones millonarias directas
Otra investigación apunta a la utilización de Servicios y Consultoría San Luis Sapem para realizar contrataciones directas sin licitación entre marzo y noviembre de 2023.
En ese período se autorizaron al menos 30 transferencias por más de $102 millones que habrían beneficiado a personas vinculadas a un ex funcionario.
El expediente se encuentra demorado, aunque recientemente se solicitó su reactivación para avanzar con la investigación.
Compra de nodos de seguridad
En esta causa están involucrados Anastasi y Latini. Se investiga la compra de 300 nodos de seguridad por más de $1.221 millones, en un proceso que inicialmente había sido presupuestado en poco más de $1.015 millones.
Solo una parte de los equipos fue instalada, mientras que otros quedaron almacenados o en poder de la empresa proveedora. También se detectaron pagos sin contraprestación y contrataciones a proveedores sin antecedentes.
La causa fue archivada, aunque existe un pedido para su desarchivo.
Doble cargo
La ex funcionaria Gloria Velázquez fue imputada por defraudación a la administración pública. Está acusada de desempeñar funciones en distintos niveles del Estado al mismo tiempo, además de prestar servicios a un medio privado.
La Justicia le prohibió salir del país y le impuso la obligación de firmar durante 120 días.
Consumo de 75 mil litros de gasoil en Vialidad
El ex titular de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, fue denunciado por un consumo de casi 75 mil litros de gasoil.
Los registros coincidirían con fechas del rally provincial, lo que generó sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos. La causa está en la Unidad de Abordaje Fiscal y aún no tiene fiscal asignado.
Vaciamiento del Molino Fénix y la Casa de la Música
La ex diputada Anabela Lucero, su pareja Joaquín Beltrán y otros ex funcionarios fueron imputados en una causa que investiga el vaciamiento de estos espacios culturales a principios de 2025.
El expediente se encuentra en su etapa final y se espera el inicio del juicio oral.
Robo de cuentas institucionales
El ex secretario de Juventudes Emiliano Blanco fue denunciado por utilizar cuentas oficiales para beneficio personal, cambiándoles el nombre tras el cambio de gestión.
Utilizó las redes sociales de la cartera que dirigía para beneficio personal porque luego del cambio de gestión, modificó el nombre al canal de streaming de su propiedad "Tuki TV".
La causa fue archivada, pero la decisión fue apelada por la fiscal Alejandra Quiroga Nassivera y se espera una definición del Tribunal de Impugnaciones.
