por Catalina Ysaguirre
El arresto domiciliario por 12 horas a dos abogados de Villa Mercedes podría leerse como un llamado de atención sobre algo que sin dudas hicieron mal. A Alejandra Zunini y al procurador Adolfo Cafieri, al fiscal adjunto Marcelo Palacios los descubrió en una maniobra que está tipificada dentro del Código Penal, los denunció y al final fueron imputados por delitos graves.
Como si hubiera sido un contrataque, los letrados denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento a Palacios por “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y extorsión”. Este lunes ese órgano emitió su resolución: desestimó la denuncia al considerarla maliciosa e infundada, y dispuso una sanción, poco habitual para los profesionales del derecho. Inclusive inédita en Villa Mercedes.
Este martes, en una conferencia de prensa que encabezó el titular de la Fiscalía Nº 3, José Olguín, junto a Palacios y la otra fiscal adjunta, Andrea Court, hablaron del caso y advirtieron que cada vez son más comunes “las denuncias infundadas” de abogados que buscan “amedrentar” a los funcionarios judiciales que deben tomar decisiones, pero también a las víctimas de delitos. “Es una señal del Jurado que está advirtiendo que las denuncias tienen su consecuencia, que no es ir a denunciar y ensuciar la reputación de los funcionarios, y después no pasa nada”, añadió respecto a la resolución del Jury que desestimó la denuncia contra él, al considerarla “infundada y maliciosa”.
Contaron que la denuncia de Zunini y Cafieri tiene relación con una causa investigada por la Fiscalía, que ocurrió el 12 de junio del año pasado en una concesionaria ubicada sobre Avenida 25 de Mayo. De acuerdo a la denuncia del damnificado, en ese lugar dos hombres lo obligaron a firmar documentación y lo amenazaron con diferentes elementos, como cuchillo, martillo y destornillador (resultó con heridas). A los acusados, les formularon cargos por el delito de extorsión y lesiones leves en calidad de co autores, y más tarde el caso se resolvió en un juicio abreviado: la condena fueron tres años en suspenso, están en libertad.
“Se descubre que habían coaccionado a la víctima, a la cual le habían hecho firmar, bajo amenazas, documentación donde modificaba sus dichos”, dijo Palacios. La intención era llegar a un acuerdo para que “sus clientes tuvieran algún beneficio”, ya que estaban con prisión preventiva. Cuando esa maniobra salió a la luz, el fiscal viajó a Justo Daract y le tomó una declaración donde las situaciones quedaron bien claras. “Consideramos que era muy grave y por eso viajamos. Se estaba presentando documentación donde se cambiaba los dichos y se presentaba otro abogado. Era importante establecer qué estaba pasando, y darle claridad a esta investigación porque había dos personas detenidas".
“A la víctima le dijeron, agarrá la plata, porque le puede pasar algo a tu mujer y a tu hija. Le hicieron firmar que un abogado asumiría su defensa, y otro escrito donde cambiaba su declaración (que era la que habían redactado Zunini y Cafieri)”, sostuvo Palacio. Todo eso sucedió en la Comisaría de Justo Daract.
Tuvo en cuenta que “ninguno de los funcionarios ni los magistrados tenemos coronita”, y que por eso cualquier conducta que sea dudosa debe ser investigada: “Lo que no se puede hacer es utilizar esta herramienta, denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento nada más que para intimidar, hostigar, a los funcionarios y de esa manera poder obtener la respuesta que pretenden para un defendido. Esta no es la manera, y rechazamos este tipo de prácticas. Venimos notando que es una práctica habitual, cotidiana. Esta ha llegado a tal punto que el Jurado de Enjuiciamiento se dio cuenta”.
En la audiencia donde quedó expuesta la maniobra Zunini y Cafieri “cayeron con el escrito de la defensa contraria”, y el damnificado fue bien directo: “Me hicieron firmar porque me iban a dar la plata, y me dijeron que si no agarro la plata me iba a pasar algo”. Aunque sus dichos fueron más precisos en la declaración. “Te conviene que nosotros te cuidemos, que cambies la declaración, y recibas dinero ¿O te gustaría que aparezcan tu mujer y tu hija abusada sexualmente?”, fue más explícito Palacio. Pidió que estas situaciones deben regularse “un poco más para proteger a las víctimas”. El abogado que los propios Zunini Cafieri le designaron a la víctima, señaló que tampoco conocía a su cliente.
“Trataron convencer a esta persona, pero no para ayudarla, sino para ayudar a su defendido. Y en este punto hay que trabajar mejor, deben acordarse los arreglos en un ámbito parcial y claro. No se le puede permitir esto a un abogado. Acá se llegó al extremo de amenazarlo y querer comprarlo para que mienta”, dijo por su parte Olguín. Se animó a decir que estas situaciones no son extraordinarias, porque se presentan de manera seguida en las audiencias.
“Es una práctica muy común porque no hay regulación. Supuestamente vienen con arreglo, pero después te dicen que lo aceptaron por el temor de lo que le iba a pasar, porque los presionaron, y eso no puede ser. Lo deberían hacer profesionales para que esa persona esté asesorada de sus derechos, y no te asesore el abogado de los imputados, como pasó acá”, señaló el fiscal.
“Podemos llegar a un acuerdo, a una resolución de conflicto, pero no a cualquier costo. Están aceptando porque caen los abogados a sus domicilios y les dicen ‘agarrá la plata’, generando un hostigamiento, presión, por más que no sea esa su intención, pero la situación existe. Ojalá que sirva para tratar de avanzar sobre esto, encontrar una regulación y no tener este agravio, y tener que cargar con la suerte del que le robó, le pegó, lo que sea. La oferta tiene que ser formal y clara, y evitar el contacto directo (entre las partes). Pero lo que quieren es saltar fiscales, al titular de la acción pública, y no es la manera”, completó.
Fue el fiscal Leandro Estrada quien entendió lo mismo que los fiscales y los imputó por coacción, utilización de un documento público, falsificación y alteración de un objeto de documento destinado a servir de prueba”.
El Jury sancionó a los denunciantes (en los términos del art. 29 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento) con arresto domiciliario por un término de 12 horas. El plazo comprendía desde las 8 hasta las 20, y se efectivizó el lunes 22 de diciembre.
