La jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción, Agustina Dopazo Samper, resolvió morigerar la prisión preventiva de Wilson Sánchez y otorgarle arresto domiciliario con tobillera electrónica. Tiene prohibido cualquier tipo de contacto con la víctima y su entorno, incluso por medios digitales.
La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia en la que la defensa, a cargo del abogado Héctor Zavala Agüero, solicitó sustituir la prisión preventiva por el cumplimiento de la medida en el domicilio de la madre del imputado, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.
Sánchez está imputado por “incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos”, en perjuicio de una mujer con la que había mantenido una relación. Durante la audiencia, la defensa argumentó que ya se produjeron las principales medidas probatorias, entre ellas la pericia sobre su teléfono celular, al que —según se indicó— el propio imputado facilitó el acceso.
También pidió autorización para que el acusado pueda continuar trabajando en una empresa de seguridad privada.
La Fiscalía de Género N° 1, representada por Delia Bringas y Marisol Boschi, no se opuso al cambio de modalidad, aunque solicitó reforzar las restricciones. Recordaron que los incumplimientos previos se produjeron principalmente por medios virtuales, a través de WhatsApp, redes sociales, perfiles falsos e incluso transferencias de dinero mediante Mercado Pago para intentar mantener contacto con la víctima y sus hijas.
En esa línea, requirieron que se impusiera una prohibición absoluta de contacto por cualquier vía, directa o indirecta, incluyendo plataformas digitales, redes sociales, mensajes o terceros. El planteo fue acompañado por la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que puso especial énfasis en la protección de una adolescente de 16 años del grupo familiar.
La magistrada hizo lugar al pedido y dispuso la prisión domiciliaria bajo supervisión de la madre del imputado, con la colocación de un dispositivo electrónico de control. Además, estableció la prohibición total de contacto con la denunciante y sus hijas por el plazo de seis meses, incluyendo cualquier forma de comunicación digital o a través de terceros.
En cuanto al pedido laboral, condicionó su autorización a la presentación semanal de horarios y lugares de trabajo, para garantizar el control por parte de los organismos de supervisión.
También ordenó que Sánchez realice un tratamiento semanal en el Centro Provincial de Adicciones, con posibilidad de que se desarrolle de manera virtual.
La jueza consideró que, al no restar medidas probatorias relevantes, era posible revisar la modalidad de la medida de coerción, siempre que se mantuvieran mecanismos de control que neutralicen los riesgos procesales.
Hostigamiento, amenazas y una grave acusación
La causa se originó tras la denuncia de la víctima luego de finalizar la relación con el imputado. Según la investigación, Sánchez habría desplegado una serie de conductas de hostigamiento y amedrentamiento mediante redes sociales, perfiles falsos y distintas plataformas digitales, desde donde enviaba mensajes intimidatorios y difundía información personal de la mujer.
De acuerdo a la fiscalía, también habría intentado mantener contacto permanente con la denunciante y su entorno familiar pese a la vigencia de restricciones judiciales previas, utilizando cuentas alternativas y distintos medios electrónicos.
Entre los hechos más graves incorporados a la causa, se investiga una presunta oferta de dinero a un tercero para atentar contra la vida de la mujer, lo que motivó la imputación por instigación a cometer delitos.
