El juez de Garantías Juan Manuel Montiveros Chada los imputó por estafa, disponiendo como medida coercitiva que firmen el libro de imputados una vez por mes, durante 60 días. Los abogados de los damnificados habían solicitado prisión preventiva, prohibición de salida e inhibición de bienes, rechazadas por Montiveros Chada.
Según la investigación, entre agosto y septiembre de 2020 los acusados vendieron unidades de un futuro edificio ubicado en calle Belgrano 331, al menos tres damnificados pagaron una importante suma de dinero.
De acuerdo con el informe, la fiscal adjunta Ornella Costa señaló que hubo un engaño sostenido mediante contratos y publicidad ya que la obra no contaba con habilitación municipal, tampoco los planos habían sido aprobados, el avance en la construcción era mínimo, por lo cual la obra terminó prácticamente abandonada, sin posibilidad de concretarse. Sostuvo que “ Aún así continuaron ofreciendo por varios años la comercialización del proyecto”.
Un edificio de siete pisos, con 40 departamentos, que nunca se concretaron y por lo cual se sumaron otros damnificados. Uno de ellos afirmó haber invertido más de 122 millones a valores actuales.
Las defensas argumentaron que se trata de un conflicto civil por incumplimiento contractual y no un delito penal, señalando que existían contratos, pagos registrados y demoras administrativas vinculadas a habilitaciones, y que hubo intento de compensación a los compradores.
