El Gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia firmaron este jueves un convenio de cooperación institucional e intercambio seguro de información que permitirá compartir la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos con el Poder Judicial provincial.
El convenio, suscripto por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, JorgeLevingston, posibilitará que la información administrada por el Ejecutivo provincial se incorpore al sistema de interoperabilidad judicial de la Región Nuevo Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus). También participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza, Guillermo L’Huillier, Eduardo Allende y Carolina Monte Riso, además del secretario de Informática Judicial, Alejandro Flores Dutrús, dependencia que tendrá bajo su jurisdicción la coordinación técnica del intercambio de información entre ambos organismos.
La iniciativa busca fortalecer la gestión judicial mediante el intercambio seguro de datos, garantizando estrictos mecanismos de confidencialidad y acceso restringido para los magistrados habilitados.
La firma se enmarca en el convenio marco de cooperación interjurisdiccional firmado por los poderes judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza dentro de la Región Nuevo Cuyo de Jufejus, una iniciativa orientada a promover la innovación tecnológica, la interoperabilidad de registros y la protección de derechos.
A partir de la puesta en marcha del acuerdo, el ministerio de Gobierno remitirá mensualmente al Superior Tribunal de Justicia, a través de la secretaría de Informática Judicial, la base actualizada del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre los datos que serán compartidos figuran el nombre y apellido de las personas inscriptas, número de documento, fecha de inscripción y organismo judicial interviniente.
El ministerio de Gobierno enviará cada mes al Poder Judicial la información actualizada del registro.
La transferencia de la información se realizará mediante canales cifrados y contará con sistemas de trazabilidad y auditoría destinados a garantizar la seguridad de los datos.
Las inscripciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se producen por orden de los juzgados competentes. Con este nuevo mecanismo, la información generada por las decisiones judiciales volverá a estar disponible para la Justicia de manera sistematizada, con fines estadísticos y de gestión vinculados a las causas en trámite.
La firma del convenio responde a una particularidad del sistema institucional sanluiseño: por disposición legal, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende del Poder Ejecutivo provincial, a través del ministerio de Gobierno, y no del Poder Judicial, como sucede en otras jurisdicciones del país.
El acuerdo establece además que la base de datos no tendrá carácter público. Su consulta estará limitada exclusivamente a magistrados judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, y únicamente en relación con causas concretas bajo su competencia. Asimismo, contempla responsabilidades compartidas entre los organismos intervinientes, deberes de confidencialidad y protocolos de actuación ante eventuales incidentes de seguridad informática.
