Cenaba seguido en los restaurantes de Juana Koslay y Potrero de Funes. Nunca miraba la columna de los precios en el menú. Pedía lo que tenía ganas de comer y listo. Hacía transferencias aquí y allá, no tenía problemas por los gastos. Por su labor, un magistrado del fuero penal, todo San Luis pensaba que era solvente. Pero no. El renunciante camarista penal Hugo Saá Petrino que sigue en funciones, está acusado de utilizar las cuentas oficiales del Colegio de Magistrados que presidía para su uso personal y dejar un faltante millonario que no ha podido justificar según reveló una auditoría contable solicitada por las nuevas autoridades.
A cinco meses de haberse formalizado no arranca el pedido de investigación identificado como “PEX 463864 “Av. Su denuncia – Colegio de Magistrados Provincia de San Luis”.
Con la renovación de la comisión directiva se buscó dar impulso a la demanda penal. Recién asumida la conducción que encabeza Fernando Spagnuolo pidieron sumarse como querellantes. Era octubre y además de esa medida ordenaron la auditoría contable que detectaron el millonario faltante y los cheques rechazados reflejaron que usaba la cuenta de la institución como si fuera propia. El dinero en rojo alcanzó los $5.396.884,58 y se observaron que de los 58 cheques rebotados, 54 fueron firmados sin tener fondos en las cuentas. A su vez, en el informe contable se pudo ver como Saá Petrino sacó dinero de la entidad que presidía y lo transfirió a familiares y comercios sin ninguna justificación.
Sin embargo, como ha ocurrido con otros casos, la Justicia de San Luis funciona a un ritmo particular según el denunciado y de todas las medidas solicitadas ninguna prosperó. El expediente no presenta actividad alguna desde octubre del año pasado cuando radicaron la denuncia.
Una de las medidas que Spagnuolo y sus pares creyeron convenientes fue pedir una audiencia al procurador General, Sebastián Cadelago Filippi para comunicarle lo que estaba pasando, en ese entonces, con un magistrado. A su vez, en la carta, casi como un reclamo, le comentaron que a la fecha todavía "no se ha requerido la adopción de medidas judiciales, por lo que ni siquiera se encuentra determinado con certeza cuál es el juez de Garantías que eventualmente debería intervenir. Esta indefinición agrava el cuadro, pues impide conocer el ámbito jurisdiccional concreto ante el cual canalizar urgencias procesales", escribieron en uno de los párrafos dando cuenta que aún se desconoce si la demanda será tomada en Villa Mercedes o en Concarán ya que, por tratarse de una denuncia contra un juez que se desempeña en la ciudad de San Luis los fiscales que tienen competencia en la misma circunscripción van a excusarse. De hecho la fiscal, María del Valle Durán apenas la notificaron pidió apartarse.
Camarista penal, Hugo Saá Petrino.
Además, en otro de los párrafos, señalaron que la inacción que padece la causa contra Saá Petrino incluye cero novedades en torno a los "informes bancarios y financieros, movimientos de dinero a través de billeteras virtuales, medidas cautelares patrimoniales y el secuestro y preservación de dispositivos electrónicos" solicitados el 2 de diciembre del año pasado.
En el texto enviado a Cadelago Filippi, la comisión directiva hizo un pedido claro y una reflexión en pos de que todo el Poder Judicial no salga manchado. "No se trata sólo de la investigación de un hecho presuntamente ilícito, sino del resguardo institucional que el propio Ministerio Público Fiscal debe garantizar cuando se encuentran involucrados integrantes del Poder Judicial. Por lo que le solicitamos con premura tenga presente la situación descripta, tome conocimiento formal de la falta de impulso y ejecución de las medidas solicitadas y evalúe la adopción de las acciones que estime pertinentes a fin de asegurar una investigación eficaz", dice la nota.
Consultado por El Chorrillero, Spagnuolo dijo que no tuvo respuestas. "Hemos pedido medidas y no vemos actividad por lo menos que sea útil para la causa. En su momento la fiscalía se inició acá en San Luis, pero se excusaron los fiscales de la capital. Está a cargo del doctor José Olguin. Tuvimos algunas entrevistas con él para que nos de participación para pedir medidas, pero observamos que ninguna de las medidas solicitadas se han movido o subido al expediente. Y queremos que la causa se active es algo que promovemos constantemente. Incluso pedimos una audiencia a la Procuración. Pasa el tiempo y en esta demanda está apuntado un miembro del sistema judicial de nuestra provincia", consideró.
En cuanto al resultado de la auditoría contable y los números rojos que reflejaron los desmanejos del ex presidente de la entidad, Spagnuolo dijo: “De la auditoría surge claramente el mal manejo que hizo de la cuenta. Están los números a la vista. Él destinó fondos del Colegio a su cuenta personal y también a cuentas de familiares. Incluso a negocios que no tienen nada que ver con el objeto social de nuestra institución. Obviamente es un manejo indebido de los recursos sin ninguna justificación o explicación de por qué se hicieron esos gastos. El informe muestra que hay dinero sin poder justificar, es un claro faltante además de cheques rechazados y casi todos sin fondos cuando la cuenta institucional jamás debió atravesar esa situación”.
A la par del pedido de audiencia a Cadelago Filippi, desde el Colegio de Magistrados, a través del abogado, José Luis Dopazo, reiteraron al fiscal Olguín el cumplimiento de las medidas requeridas el año pasado, cuando la demanda tomó cuerpo. Pero terminada la Feria, la causa sigue sin caminar.
El 2 de diciembre se denunció que "la administración anterior hizo un uso irregular de fondos institucionales y por ello pidieron "amplias y específicas medidas de prueba patrimoniales, financieras, de informática y cautelares, todas ellas debidamente individualizadas, temporalmente delimitadas y dirigidas a organismos concretos". Al no registrarse avance ahora elevaron otra presentación al fiscal, José Olguín.
“El transcurso del tiempo sin la ejecución de las medidas solicitadas incrementa el riesgo de alteración o desaparición de evidencia, (especialmente la de naturaleza digital y financiera), puede frustrar la eficacia de eventuales medidas cautelares patrimoniales y afecta el derecho de esta parte -en su carácter de particular damnificada- a una investigación eficaz, seria y orientada al esclarecimiento de los hechos”, advierten en el texto.
