La mora judicial ya no puede presentarse como un problema técnico o una dificultad administrativa. En causas sensibles, vinculadas al manejo de fondos públicos, fraude o incumplimiento de deberes, la demora tiene otro peso. Tiene costo institucional. Y deja una pregunta cada vez más difícil de esquivar: quién se hace cargo cuando una causa pasa meses sin moverse y nadie da una explicación convincente.
La pregunta se vuelve más incómoda porque el mapa institucional cambió, al menos en la superficie. Jorge Alberto Levingston volvió a quedar al frente del Superior Tribunal de Justicia y Eduardo Sebastián Cadelago Filippi ya ejerce como procurador general. Es decir: hubo recambio o consolidación en dos puestos clave para el funcionamiento del sistema. Pero la percepción que persiste entre abogados, dirigentes y observadores del foro no habla de una mejora visible en la velocidad de respuesta.
Uno de los casos que llama la atención es el iniciado el 19 de diciembre de 2023 por Fiscalía de Estado, contra los ex funcionarios Marcos Daniel Ferreyra, Francis Emmanuel Freixes, Sofía Elizabeth Aguilera, José Humberto Cejas y Sergio Olivares, presuntos coautores de peculado y otros delitos contra la administración pública. El expediente quedó a cargo del fiscal Maximiliano Bazla Cassina y del Juzgado de Garantías 3.
Pero todo fue demasiado lento. Recién el 13 de marzo de 2025 el fiscal pidió fecha para la formulación de cargos y la audiencia se fijó para el 27 de mayo, pero los imputados no se presentaron y la defensa pidió una nulidad para ganar tiempo. Ese pedido recién se trató el 19 de junio y la nulidad fue rechazada. Pero sobrevino una apelación y el Tribunal de Impugnaciones confirmó lo actuado. Sin embargo, el último movimiento registrado, según un informe al que tuvo acceso Todo Un País, sucedió del 16 de octubre de 2025. Desde entonces, nada.
A ese expediente se suman dos causas más recientes que muestran el mismo patrón. Un expediente, el 457180/25. tiene como denunciado al intendente de San José del Morro Marcelo Silvera, por presunto peculado y administración fraudulenta. Otra causa, la 457177/25 apunta contra el intendente comisionado de Fortín El Patria José Antonio Amoroso, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y fraude a la administración pública.
En ambos casos, la última actuación figura el 30 de diciembre de 2025 y desde entonces no hubo avances. Los dos expedientes están en la órbita del fiscal Olguín.
Pero no son los únicos. El 2 de marzo pasado, medios locales revelaron que existen dos causas por corrupción paralizadas en la Unidad de Abordaje Fiscal (UAF), sin fiscal designado y sin movimientos desde julio de 2025.
Una involucra al ex director de Vialidad Provincial, Jorge “Timmy” García Quiroga, caratulada “Av. Peculado – Asociación Ilícita”. La otra apunta al intendente comisionado de Saladillo David Daniel Becerra. Al parecer, ambos expedientes fueron impulsados por la Fiscalía de Estado y en tribunales la propia UAF es señalada, con crudeza, como un ámbito que “sirve para demorar causas”.
En la causa contra García Quiroga, por ejemplo, la denuncia describe un presunto desvío millonario vinculado al consumo de combustible en Vialidad Provincial. Según fuentes en Tribunales, hubo auditorías internas que detectaron irregularidades en compras de repuestos, pero el punto central fue el uso de gasoil: al 9 de diciembre de 2023, el consumo excedido llegaba a 74.631,77 litros, con un valor estimado en $73.138.380. Aún con esos números sobre la mesa, el expediente sigue frenado.
Otros expedientes, en cambio, sí se movieron en las últimas semanas. El 25 de febrero, Todo Un País informó que la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 formuló cargos contra Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por presuntas maniobras con recursos oficiales en el Ministerio de Producción.
La acusación habla de peculado y fraude contra la administración pública, con hechos ocurridos entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En este caso, ya hubo imputación, formulación de cargos y precisiones sobre el supuesto perjuicio patrimonial vinculado al uso de una camioneta oficial y al consumo de combustible cargado al Estado.
Algo similar ocurrió con la ex funcionaria Gloria Velázquez, imputada el 26 de febrero por defraudación en perjuicio de la administración pública. La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, le formuló cargos, dictó inhibición general de bienes, prohibición de salida del país y firma mensual del libro de imputados por 120 días. La acusación sostiene que cobró en simultáneo como funcionaria provincial y como directora de Radio Nacional San Luis. La causa se había impulsado en enero de 2024.
Estas variaciones describen una velocidad desigual. Algunas causas caminan, otras se enfrían. Esa disparidad abre una duda inevitable sobre la conducción del sistema, la asignación de recursos, las prioridades del Ministerio Público y la responsabilidad institucional del Superior Tribunal.
El abogado Francisco Guiñazú lo dijo en términos duros hace pocos días: “La política judicial ha sido mala y equivocada”. También sostuvo que el Superior Tribunal “se abrazó al molde que dejó la gestión anterior” y reclamó una reforma profunda de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, del Código Procesal Civil y del Código Procesal Penal.
Ese parece el punto central. El Superior Tribunal no instruye causas penales ni firma requerimientos fiscales, pero conduce el servicio de justicia. La Procuración General tampoco puede quedar al margen cuando la discusión gira sobre la falta de impulso y de resultados en expedientes sensibles.
San Luis arrastra sospechas que desgastan la credibilidad institucional y cada día se instala más una idea peligrosa: la lentitud judicial empieza a parecerse a un modo de funcionamiento.
RADIOGRAFÍA DE LA DEMORA
Expedientes en pausa que abren sospechas
La justicia de San Luis exhibe una velocidad dual. Mientras algunos casos se resuelven en semanas, otros acumulan meses de inactividad procesal. Estos son los números detrás de los expedientes que hoy no se mueven:
– Vialidad Provincial (Causa García Quiroga): El desvío: 74.631,77 litros de gasoil excedidos al 9 de diciembre de 2023. El monto: $73.138.380 (valor estimado). Estado: Paralizada en la UAF sin fiscal designado desde julio de 2025.
– Causa contra 5 exfuncionarios (Ferreyra, Freixes, Aguilera, Cejas, Olivares). Inactividad: 143 días sin movimientos registrados (última actuación: 16 de octubre de 2025). Hito: Una audiencia de formulación de cargos frustrada en mayo de 2025 que nunca se reprogramó.
– Intendencias bajo la lupa judicial: San José del Morro y Fortín El Patria: 68 días de parálisis total (último movimiento: 30 de diciembre de 2025). Saladillo: Causa frenada en la UAF desde julio de 2025.
