El juicio contra la ex secretaria de Deportes de San Luis, Cintia Ramírez, tuvo este martes su segunda audiencia en la sala de debates del Poder Judicial, donde declararon cuatro testigos de la fiscalía y se profundizó sobre el funcionamiento administrativo del Ente Deportes.
La jornada comenzó a las 9:35 ante el tribunal integrado por Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso. La acusación es sostenida por los fiscales Francisco Assat Alí y Juan Pablo Díaz Estopiñán, con la participación de la querella a cargo de Santiago Calderón Salomón. La defensa de Ramírez está en manos de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.
Ramírez llegó a juicio acusada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para ella la fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El circuito de pagos bajo la firma de Ramírez
La primera en declarar fue Laura Alcaraz, contadora pública y ex responsable de Tesorería del Ente Deportes, quien describió en detalle el circuito administrativo de pagos a través del sistema Tramix.
Explicó que todo expediente se iniciaba con una solicitud, requería autorización de presidencia y atravesaba distintas áreas, como compras y contabilidad, hasta la emisión de la orden de pago y la transferencia final.
En ese sentido, fue categórica: “No se podría producir un pago sin la autorización de Cintia Ramírez”.
También recordó pagos vinculados al San Luis Fútbol Club, como viandas y traslados, y confirmó que todas las órdenes de pago contaban con las firmas correspondientes, incluida la de la entonces presidenta del Ente.
Adriana Lucero Alfonso, Fernando De Viana y Eugenia Zabala Chacur, jueces. (Foto Blas Abayay)
Durante su testimonio también se le exhibieron comprobantes de pagos vinculados al SLFC, entre ellos la compra de un lavarropas a la firma Naldo por $396 mil y un servicio gastronómico a Lot Cervecería por alrededor de $900 mil.
En la misma línea declaró Lucas García Moreno, contador que trabajaba en el área administrativa, quien explicó que su tarea consistía en cargar facturas en el sistema, verificar la documentación y avanzar en el circuito hasta la orden de pago.
Durante su exposición, y a partir de documentación exhibida en la audiencia, leyó distintos comprobantes vinculados al club, como un servicio de streaming por $2.064.550, la compra de un lavarropas por $396.789 y un servicio gastronómico por $950.400.
Detalló que los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias, seleccionando la factura y la cuenta correspondiente.
Fiscales Juan Pablo Díaz Estopiñán y Francisco Assat Alí. (Foto Blas Abayay)
Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó relativizar el volumen de transferencias al SLFC y consultó si había detectado anomalías en la operatoria, a lo que respondió que no.
El tercer testigo, Mariano Toschi, empleado administrativo de la secretaría de Deportes, describió el procedimiento de contratación y explicó que toda autorización de gasto debía contar con el aval de la presidencia antes de avanzar con la búsqueda de presupuestos, la comparación de precios y la posterior emisión de la orden de pago.
El dato del subsidio: $290 millones al club
Uno de los puntos más relevantes de la jornada surgió con la declaración de Ezra Chada Hauría, contador que auditó los balances del San Luis Fútbol Club.
El profesional confirmó que en la documentación contable del club figuraba el ingreso de $290 millones provenientes del Estado provincial en concepto de subsidio.
“Es un importe de una transferencia que está en el extracto bancario”, explicó, al detallar que el dinero ingresó a las cuentas del club como una transferencia del Gobierno de San Luis.
Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado. (Foto Blas Abayay)
Indicó además que su tarea consistía en auditar los balances confeccionados por la asociación civil y verificar que la información se ajustara razonablemente a la realidad económica de la institución.
Durante su declaración también señaló que el encargo para auditar los balances le fue solicitado por Javier Santagata, con quien tenía un vínculo laboral previo, lo que volvió a poner en escena al entonces director del Ente dentro del funcionamiento del esquema administrativo.
A lo largo de la audiencia, la defensa hizo hincapié en ese rol, en un intento por ubicar en Santagata la responsabilidad operativa de las órdenes de pago y del circuito administrativo, frente a los testimonios que ubicaron en la presidencia del Ente, a cargo de Ramírez, la autorización final de las erogaciones.
El debate continuará el miércoles con la declaración de nuevos testigos y la incorporación de más prueba.
