La audiencia de control de acusación fue presidida por el juez Marcos Flores Leyes y contó con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y la Defensoría de Niñez y Adolescencia.
Según la hipótesis fiscal, el hecho investigado ocurrió el 6 de julio de 2025, cuando el adolescente habría sido trasladado al domicilio del imputado, donde presuntamente se produjo el abuso.
La acusación se sustenta en distintos elementos probatorios incorporados durante la investigación, entre ellos pericias genéticas, informes toxicológicos y otros estudios que determinaron la presencia de alcohol y opioides en el organismo de la víctima. De acuerdo con la Fiscalía, esas sustancias habrían generado un estado de vulnerabilidad que le impidió defenderse o resistir la agresión.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación por abuso sexual con acceso carnal y requirió una pena de 12 años de prisión. No obstante, retiró la imputación por el delito de rapto agravado por el uso de arma al considerar que ese hecho no pudo ser acreditado con las pruebas reunidas durante la investigación, por lo que solicitó el sobreseimiento de Fares respecto de ese cargo.
Tras escuchar a las partes, el juez resolvió admitir la acusación, aceptar las pruebas ofrecidas y elevar la causa a juicio oral.
Ahora será el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial el encargado de fijar la fecha del debate y determinar el tribunal que llevará adelante el proceso, en el que se definirá la responsabilidad penal del imputado.
